Economía investiga cada año en Castellón veinte operaciones de blanqueo de dinero

El blanqueo de capitales se ha convertido en un problema de Estado. La expresión, que se remonta a los tiempos de Al Capone y la Ley Seca y que consiste básicamente en introducir en el sistema financiero el dinero obtenido con la actividad ilícita, sirve para bautizar uno de los tipos penales más repetidos en los tribunales. Uno de los últimos episodios ha sido el de Mario Conde, detenido por blanquear más de 13 millones de euros ocultos en distintos países. Pero en España cada vez se producen más casos. Y Castellón no es una excepción en este mar de lavado de dinero.

Solo el año pasado, el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía y adscrito al Banco de España, destapó en todo el territorio nacional un total de 4.757 operaciones sospechosas. Durante el periodo 2009-2013 fueron algo más de 10.000. Y de esas 10.000, un centenar se produjeron en Castellón, según la última memoria de esta unidad de inteligencia financiera. O dicho de otra manera: cada año este organismo tiene constancia de una veintena de operaciones de presunto lavado de dinero.

Aunque la cifra puede parecer llamativa, Castellón está a años luz de provincias como Madrid o Barcelona, donde el volumen de operaciones sospechosas es mucho más alto. Castellón ocupa el puesto número 19 (representa el 1% del total de casos investigados). La palma se la lleva Madrid (supone el 30,2%), un porcentaje que supera con creces su peso en el PIB nacional (un 18,8%). Junto a Madrid destacan Málaga (impulsada por municipios como Marbella), Barcelona y las provincias de Alicante y Valencia, con un 6,5% y un 5% de casos destapados en los últimos años.

Pero, ¿cómo tiene constancia el Ministerio de operaciones de lavado de dinero? La ley antiblanqueo obliga a quienes pueden toparse con fondos de dudoso origen (entidades financieras, notarios, abogados, asesores fiscales... ) a comunicar al Sepblac cualquier operación sospechosa. Eso sí, toda comunicación sospechosa no tiene por qué llevar aparejada una actividad de blanqueo. El 20% de las comunicaciones, siempre según el informe del organismo oficia, resulta ser legales.

Una de cada cinco operaciones sospechosas es legal, pero en 8.000 de las 10.000 investigaciones en España se detectó una ilegalidad. En el 32,8% de los casos se trata de delincuencia organizada y, en el 29,5%, de un delito fiscal. Los delitos económicos están detrás del 17,7% y el narcotráfico supone casi el 10%. H