La Diputación de Castellón mostró este martes su rechazo a la tasa turística que podría aplicar el Consell con los votos del PP y el apoyo de Ciudadanos, que quedó claro solo in extremis por un error inicial al votar de la portavoz Cristina Gabarda; la abstención del PSPV, que se amparó en que la tasa está solo en estudio, pese a la oposición a su implantación mostrada por el director socialista de la Agencia Valenciana de Turismo, Francesc Colomer; igual posición de Compromís; y la postura contraria de CSeM, que defiende la medida propuesta por Podemos.

Sí hubo, sin embargo, un voto unánime en el pleno ordinario de octubre para la moción socialista convertida en declaración institucional que pide a Madrid una financiación justa y más inversiones para la Comunitat.

Igualmente, todos los grupos apoyaron la moción del PSPV en la que solicitan al Gobierno central que presupueste para el 2018 la construcción pendiente de nuevos cuarteles de la Guardia Civil en Onda, Almassora y Vilafranca; y la nueva comisaría de la Policía Nacional en Vila-real.

COHERENCIA

En relación con la tasa turística, tanto el vicepresidente y responsable de turismo en la Diputación, Andrés Martínez, como su presidente, Javier Moliner, criticaron con dureza la postura del diputado de Castelló en Moviment (CSeM), Iñaki Vallejo, o de Pau Ferrando (Compromís), defendiendo lo que estimaron un impuesto que perjudicaría de forma notable al sector, que ya ha rechazado la medida.

Si la diputada socialista Virginia Martí insistió en que no se trata de una decisión tomada, Moliner le recordó el acuerdo tomado en Les Corts para estudiar la aplicación de la tasa, con la abstención del PSPV-PSOE.

En este sentido, pidió a los socialistas que voten en contra si se plantea el impuesto en una enmienda a los presupuestos del 2018 porque, dijo, «si no, corren el riesgo de convertirse en una comparsa palmera de quienes defienden la turismofobia».

En cuanto a la unidad para exigir una mejora de la financiación autonómica, el portavoz socialista, José Benlloch, puso en valor que su formación ha logrado «poner de acuerdo a todos los grupos de la institución a la hora de instar al Gobierno que preside Mariano Rajoy a establecer un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice las inversiones en la Comunitat Valenciana antes de que finalice 2017».

Benlloch recordó que «la Comunitat ingresa 1.300 millones de euros menos al año respecto a la media del conjunto de España, y si el modelo sigue siendo el mismo en 2018, el déficit crecerá a 1.600 millones, es decir, que cada minuto que pasa, la Comunitat pierde 3.000 euros».

En otro orden de cosas y el día después de que la Comisión Interdepartamental para la Lucha contra la Despoblación de la Generalitat reuniera en Castellón, como informó Mediterráneo, el pleno provincial aprobó por unanimidad la propuesta de Compromís para «apoyar económicamente la implantación de la banda ancha en todos los municipios de la provincia», como medida enmarcada contra el despoblamiento.

Trenco explicó que la finalidad es reducir la brecha digital entre la costa y las zonas de montaña, similar argumento al planteado en otra moción que no prosperó, vinculada con el impulso a la biomasa, un planteamiento que el PP dijo compartir, aunque rechazó los detalles de lo propuesto porque se está a la espera de las decisiones que emanen de la Mesa Forestal de la Comunitat.