Los trabajadores sociales prevén un alud de peticiones de renta de inclusión en Castellón

La nueva renta de inclusión arrancó ayer con la previsión de que en esta primera semana, «desde el minuto cero», pueda haber una «avalancha» de peticiones en los ayuntamientos de Castellón. Lo avanza, desde el Colegio de Trabajadores Sociales, su presidente, Jaume Agost, quien avisa de que «muchísima gente la va a solicitar y con rapidez, para acelerar las tramitaciones al máximo».

En la misma línea, la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, se muestra «expectante» y «un poco nerviosa» ante la entrada en vigor de la medida, que beneficiará de entrada en Castellón a 7.634 personas, en un calendario de aplicación que prevé elevar esa cifra hasta los 15.879 en el 2020, según el Consell.

Oltra indica que «la gente ya está respondiendo y la está solicitando», y «aunque se espera un aumento de solicitudes en estos meses», no considera que se produzca un bloqueo de los servicios sociales. «Muchas de las personas han estado esperando a que entrara en vigor la ley y no renovaron la renta garantizada de la ciudadanía, y eso supondrá más carga de trabajo las primeras semanas», advierte.

En la capital, la tramitación empezó desde primera hora «informando y tramitando citas para las entrevistas personales con los técnicos de Servicios Sociales», según el concejal del área, José Luis López, quien explica que «todo el equipo» del departamento de emergencia social trabaja en ello, aunque «no de manera exclusiva», y valora la iniciativa como «muy positiva: atiende a un derecho a personas y familias sin ingresos, engloba todas las prestaciones, reduce la burocracia y es indefinida».

HASTA 1.100 EUROS // La nueva prestación prevé cuantías de 515 a 809 €, que se podrán incrementar un 25%, hasta los 643 y 1.101 €, si el solicitante necesita ayuda para hacer frente a gastos de vivienda, luz, agua y gas. Agost explica que «podrán acceder más personas». Es más garantista, complementaria a otras, como la beca de comedor escolar; no hay que prorrogarla cada seis meses, como hasta ahora, y tiene carácter indefinido hasta que la situación del beneficiario cambie.

Agost subraya que los trabajadores sociales son los encargados «de valorar la situación de cada solicitante, de tramitar la renta de acuerdo a sus características y, en caso de necesitarlo, hacer el seguimiento». «Habrá que ver cómo va en un mes», dice.