Fomento garantiza más trenes a Vinaròs los próximos 10 años

El convenio que firmarán el Ministerio de Fomento y Renfe y que permitirá que la línea de Cercanías entre Castellón y Vinaròs pase a ser declarada obligación de servicio público (OSP) prevé una duración de diez años, con la posibilidad de establecer una prórroga para otros cinco ejercicios.

Fomento y Renfe se pasan la pelota al ser preguntados por la fecha de la firma del convenio, que no se prevé al menos hasta el mes de septiembre, con lo que el aumento en el número de frecuencias de cuatro a 12 diarias no se producirá hasta el otoño. La medida, que tiene un coste aproximado para las arcas estatales de 7,7 millones de euros, estaba contemplada dentro de los Presupuestos Generales del Estado del 2018, aunque su implantación, prevista para la primavera, se demoró con el cambio de Gobierno.

Así, en una reciente reunión entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ambos dirigentes criticaron que el anterior Ejecutivo no firmara el convenio marco antes de la moción de censura que convirtió en presidente a Pedro Sánchez. No obstante, los reproches fueron de ida y vuelta, pues el presidente del PP provincial y portavoz de Fomento de su partido en el Congreso, Miguel Barrachina, acusó al nuevo Ejecutivo de demorar innecesariamente la puesta en marcha de la propuesta para desvincularla del anterior Gobierno de Rajoy.

A falta de la firma de ese contrato, Renfe sí ha dado ya todos los plazos que permitirán la ampliación de los convoyes, largamente reivindicada por la sociedad civil del Maestrat. Así, según informan desde la compañía pública han realizado los cálculos de los nuevos horarios para evitar duplicidades y han hecho acopio del material necesario.

ENFADO DE LOS ALCALDES

El malestar se ha instalado en el norte de la provincia, cuyos alcaldes ven cómo uno de los colectivos más beneficiados por el aumento de los frecuencias, los estudiantes, comenzarán el curso universitario con los horarios hasta ahora habituales. Los primeros ediles de Vinaròs, Benicarló, Peñíscola o Alcalà exigen implementar la medida «sin dilaciones».