La Diputación se unirá para reclamar que el Estado asuma las desaladoras
Los 5 municipios implicados ya han solicitado a Acuamed modificar los pactos. Cada ayuntamiento estaría obligado a pagar casi un millón anual durante 25 años
La Diputación se unirá para solicitar al Gobierno que asuma el coste de las dos desaladoras de la provincia, de forma que los cinco municipios con convenios firmados no sufran un golpe económico inasumible. En el debate de la moción que el grupo popular llevó ayer al pleno de la corporación provincial al respecto, el PSPV, Compromís y Ciudadanos exhibieron que también lo han hecho así en las cinco localidades y aplazaron para el próximo pleno la redacción de una declaración institucional que, de forma unánime, reclame la medida.
El único partido que podría quedar fuera es Castelló en Moviment, que ayer apostó por «devolver las ayudas a Europa» (unos 33 millones de euros) y no poner en marcha las plantas porque no son necesarias, dijo el diputado Iñaki Vallejo. El resto optó por poner en funcionamiento las instalaciones para evitar el pago, pero con cargo a Acuamed.
Eso sí, el acuerdo llegó después de varios reproches. El portavoz popular y vicepresidente de la Diputación, Vicent Sales, criticó «el timo de las desaladoras socialistas» y vinculó su construcción a una posible financiación ilegal del PSPV y Compromís. Ante esto, desde estas dos formaciones y también Ciudadanos recriminaron a Sales que en dos legislaturas en Moncloa el PP no haya buscado una solución al tema.
Tras los reproches, la diputada socialista Virginia Martí solicitó añadir a la moción popular que se inste a Acuamed a modificar los convenios, ya que la última propuesta de la entidad para lograr un acuerdo es una bonificación de los pagos durante tres años para que después los ayuntamientos asuman los costes de funcionamiento y amortización.
Y es que esto haría imposible el funcionamiento de los consistorios, al menos de los más pequeños. No en vano, Cabanes tendría que pagar de 700.000 a 880.000 euros anuales durante 25 años solo para pagar la obra, a lo que habría que sumar los costes de funcionamiento, lo que elevaría la factura a alrededor de un millón de euros.
Así las cosas, la unidad es la tónica dominante en un tema en el que el tiempo apremia. Y es que si no se quieren devolver las ayudas europeas, en marzo se tienen que poner en funcionamiento ambas plantas desalinizadoras.
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