Era un secreto a voces y el conseller de Educación, Vicent Marzà, se encargó ayer de confirmarlo y dejar bien clara su postura en los pasillos de Les Corts. El Consell, como ya avanzó este diario, recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV), la cual anula la orden en la que la Conselleria rebajaba el número máximo de alumnos en las aulas de Infantil de los colegios de Burriana, Castellón, Nules y Vila-real, pasando de 25 a 23 estudiantes. «No la compartimos en ningún caso», afirmó tajante el responsable de Educación.

Marzà llamó a la calma a las familias, ya que el veredicto no tiene una «afectación directa» para el presente curso. En ese sentido, matizó que la orden sobre la que incide se refería al inicio del actual ejercicio, por lo que «no afecta al día a día», tranquilizó.

Para el conseller, el motivo discordante que no comparten con el alto tribunal valenciano es la asignación de las competencias. «La resolución dice que la reducción de las ratios es una competencia estatal, pero estamos plenamente convencidos de que no es así», indicó, haciendo hincapié en que la planificación educativa recae en la Generalitat.

En su opinión, la rebaja de las ratios afecta «de forma positiva» a los colegios concertados, puesto que «con el mismo concierto y el mismo número de recursos deben atender a 23 alumnos y no a 30 como antes, por lo que tienen más recursos para atender a menos estudiantes», argumentó Marzá, quien no entendía «cómo alguien puede oponerse a que haya menos niños por aula, cuando eso es una mejora evidente de la educación» en la Comunitat.

Marzà, que no concretó cuándo la Abogacía de la Generalitat presentará el recurso contra la sentencia, se mostró esperanzado en que pueda salir adelante, ya que «está plenamente fundamentado» y señaló que el real decreto estatal indica el «máximo» de ratio en las aulas, pero no postula que no se pueda mejorar.

Respaldo de Compromís per Castelló

En la misma línea del conseller se pronunció el portavoz de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia. El también concejal en el Ayuntamiento de Castellón considera que la decisión judicial solamente beneficia a los centros privados, «que quieren hacer negocio a costa de la calidad educativa», por lo que cree que una mejor atención al alumnado «pasa por tener menos alumnos en las aulas y más docentes en las escuelas».