Los empresarios auguran una caída en la oferta de las prácticas formativas a los estudiantes, tanto de la universidad como de la FP en sus grados medios y superiores con el nuevo decretazo del Gobierno que obligará a darles de alta a todos en la Seguridad Social. La normativa, que se hizo pública el pasado 28 de diciembre en forma de decreto ley, por sorpresa y sin consenso ni con las autonomías, universidades, empresarios, centros ni estudiantes, según critican todos ellos, permitirá que las estancias cuenten como tiempo efectivo de cotización.

A la medida la califican, en general, como «positiva», aunque con peros, a falta de concretar cómo se va a hacer efectiva y quién la pagará, y mientras mantiene en vilo a más de 8.400 alumnos de la UJI (3.500), el CEU (650) y los ciclos profesionales de grado medio y superior --no por ello los básicos-- (4.300) en Castellón.

Desde la Confederación de Empresarios Valencianos (CEV), su secretario general, Miguel Ángel Javaloyes, es claro: «Al incrementar costes, las mercantiles limitarán los plazas de prácticas casi con toda seguridad». «Ahora, las firmas invierten tiempo y personal en formar en un entorno laboral a esa mano de obra cualificada tan necesaria, pero un aumento del precio hará que se atenúe esta colaboración», explicó, a la par que pide «poder sentarse con el Ministerio para debatir cómo se desarrollará la norma», que empieza ahora el trámite parlamentario.

En la misma línea se postula la presidenta de la Cámara, Dolores Guillamón, que avanza que «la oferta de prácticas bajará». Ella está a favor de que «las prácticas académicas se paguen, aunque sea poco», y pide que se «detalle bien el decreto para no perjudicar ni a los empresarios ni a los estudiantes ni a los centros».

PREOCUPA, Y MUCHO //

Es el máximo recelo que planea sobre la Universitat Jaume I (UJI), el CEU y los institutos de FP de la provincia. Preocupa, y mucho, que la agenda de empresas dispuestas a acoger alumnos adelgace. La rectora de la UJI, Eva Alcón, tras reconocer como «buena noticia» que «se reconozcan las estancias formativas», reiteró que «las formas no han sido las más adecuadas, al no contar con las universidades, sin diferenciar las estancias curriculares y las voluntarias, y generando muchas dudas sobre quién debe asumir el coste; en el caso de la UJI, el prácticum es obligatorio sí o sí, y sería inasumible ante el momento financiero de las universidades». En términos generales, la Jaume I debería destinar 210.000 € al mes para sus 3.500 alumnos.

De momento, el Vicerrectorado de Estudiantes se está ya coordinando con las demás universidades a través de la Conferencia de Rectores, que ha tomado cartas en el asunto. Alcón señala que «la UJI confía en que siga la línea en positivo de colaboración máxima en las prácticas con las empresas provinciales», aunque reconoce que la situación «puede dar un giro con el cambio normativo».

Desde el CEU, su vicerrector y secretario general, José Manuel Amiguet, «no» entiende «la decisión del Gobierno», ni que «se haya legislado sin consultar con el sistema universitario, unilateralmente», lo que puede perjudicar «a las universidades, que deberán fijas partidas presupuestarias extra; a los equipos de gestión, por el trabajo adicional para dar de alta al estudiantado; a los estudiantes, que pueden ver decrecer de forma notable en algunas áreas sus opciones de prácticas; y a las empresas e instituciones, que verán cómo se complican los trámites para acoger las estancias». No obstante, si hay que pagar las prácticas «lo asumiremos».

LA FP, EN LA CUERDA FLOJA //

Como en la UJI, donde el prácticum es obligatorio para titularse, lo cual atenaza las consecuencias de la nueva norma, en los centros de Formación Profesional (FP) de Castellón, la polémica ha saltado como una liebre en los grados medios o superior, donde unos 4.300 alumnos hacen cada año «unas 400 horas de formación en puestos de trabajo, obligatorias para graduarse», según el portavoz y vocal de la Asociación de Directores de FP de Castellón, Andrés Branchat, del IES Leopoldo Querol de Vinaròs. «Si la colaboración empresarial decae será un hándicap; debería haber incentivos, no trabas», explica. Desde la patronal concertada, Feceval, su secretario general, Mariano Vivancos, calificó el decreto de «mala noticia si se pretende fomentar la FP, porque su aplicación literal dificultará la captación de nuevas empresas; o la carga a la empresa desincentivará la oferta».

Todos reclaman «diálogo» y participar en la elaboración de una norma que se prevé para abril o mayo, tras su tramitación.

El conseller Marzà pedirá explicaciones hoy a Celaá en Madrid El conseller de Educación, Vicent Marzà, pedirá hoy explicaciones a la ministra de Educación, Isabel Celaá, en la conferencia sectorial interautonómica que se celebra en Madrid. Aunque el único punto del orden del día es el anteproyecto de reforma de la LOMCE, fuentes de la Conselleria apuntaron que «tras la reunión, Marzà preguntará por qué se lanzó un decreto unilateralmente, sin consensuarlo ni con las autonomías, y de qué manera se va a desarrollar el texto».

Los alumnos exigen cobrar y tener opciones para elegir su ‘prácticum’

Dos caras de una misma moneda. Los estudiantes de la UJI ven, por un lado, «altamente positivo» que su trabajo en las empresas durante su beca de prácticas se cotice a la Seguridad Social; pero, por el otro, que eso disminuirá sus posibilidades de elegir la empresa dónde hacer su estancia formativa, obligatoria en forma de créditos para titularse.

Y, teniendo en cuenta que, en algunas titulaciones, como la Ingeniería Química, el 50% de los estudiantes se queda en la empresa de sus prácticas --el 40% en Finanzas y Contabilidad o el 25% en Informática y Mecánica, según el último Informe sobre inserción laboral de la UJI, del 2016--, preocupa y mucho «poder decidir entre un catálogo amplio como el actual, algo que puede mermar si se cumplen las previsiones del cambio normativo».

Laura Alcaide, presidenta del Consell de l’Estudiantat de Riu Sec, explicó ayer que «ya hay titulaciones con problemas a la hora de encontrar socios para las becas» y esto puede ir a más con el nuevo decretazo del Gobierno en materia laboral. «Hay que buscar la formula para que sea viable para todos», señala, y alza la voz al pedir que «la remuneración sí o sí de todas las prácticas».

Opina, como Diana Stroe, alumna de Medicina, que «hay que dejar de ser mano de obra barata», apuntando, no obstante, que «el cambio legislativo no se podrá aplicar a todas las carreras, ya que, por ejemplo, en el caso de Medicina, Enfermería o Magisterio, el destino es la propia Administración Pública».

Entre la comunidad estudiantil existen también muchas dudas: ¿Se pagarán todas las prácticas? ¿Lo hará la empresa, la universidad o quién? Y algunos apuestan por «la bonificación» para «fomentar la contratación en condiciones» y que «las firmas se comprometan».