Hoy, 31 de diciembre, a las 22.00 horas, levantarán las barreras de los peajes de la autopista AP-7 entre Alicante y Tarragona y pondrán fin a una historia de 46 años en la que los conductores han abonado por el uso de sus carriles miles de millones. Primero en pesetas y luego en euros.
La decisión del Ministerio de Fomento de no prorrogar la concesión con Abertis implica que el Estado se hace cargo de la infraestructura y levanta las barreras. Una noticia considerada como histórica, pero cuyos efectos en la forma de desplazarse por carretera son todavía insospechados. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, solo señala que, analizando el precedente de la AP-1 en Burgos (donde liberalizaron el pago el año pasado), es previsible «un incremento de tráfico del 30%, que es absorbible». Los cálculos detallados del impacto los harán en los próximos meses y en función de las necesidades tomarán decisiones. Entre ellas, preparar nuevos accesos. La Conselleria de Infraestructuras propuso el año pasado la construcción de diez nuevos accesos en la autopista a su paso por la Comunitat, tres de ellos en Castellón (Benicàssim, Vila-real y Vinaròs), para facilitar el acceso a un mayor volumen de vehículos. El conseller de Infraestructuras, Arcadi España, llegó a sugerir incluso la posibilidad de incorporar terceros carriles en puntos que registren una elevada afluencia. Todo dependerá de los informes y de que el Gobierno estatal deje de funcionar en interinidad.
MARGEN DE PASO / Lara San Miguel, desde la Asociación Empresarial Castellonense de Transportes de Mercancías por Carretera, valora que hay «un margen amplio de capacidad, ya que cada uno de los carriles de la AP-7 puede soportar hasta 4.000 vehículos cada hora, mientras que por Castellón pasan 6.500 camiones cada día», señala. Además, en el norte provincial el aumento apenas vendrá del tráfico pesado, puesto que las restricciones en la nacional 340 obligan, desde la pasada primavera, a ir por autopista. «Y en la parte sur está la autovía A-7, con la que habrá un reparto de la circulación», puntualiza.
Respecto a otras dudas, ya se ha despejado que desde el primer momento de la AP-7 de gestión pública habrá mantenimiento y vigilancia. Fomento adjudicó hace unos días un contrato de emergencia a las compañías Matinsa y Sacyr durante siete meses, con un importe de 31 millones y posibilidad de prórroga. Había en marcha un proceso de licitación, pero está en el aire, ante los recursos presentados por la todavía concesionaria, Abertis, y los sindicatos UGT y CCOO, al discrepar del Ejecutivo sobre los trabajadores que deben subrogarse.
Entre las labores a desarrollar está el desmontaje de las islas de barreras, que no tienen fijado un calendario en Castellón. En cuanto a las características del firme, el Ministerio tiene hecha una auditoría que, según el secretario de Estado de Infraestructuras, Julián López, demuestra que el asfalto se halla «en bastante buenas condiciones, salvo algún defecto a subsanar», cuyo importe está pendiente de precisar.
Tras años de quejas por las anteriores prórrogas a Abertis, la práctica totalidad de la clase política valora de manera positiva la nueva etapa de la AP-7. También colectivos, como la patronal turística, Ashotur, al considerar que favorecerá la llegada de visitantes. Aun así, en otros puntos, como Alicante, hay voces más críticas. Los empresarios hosteleros de Hosbec advierten de colapso y desgaste de materiales.
José Luis Ábalos destacó que nunca se había hecho un cambio de modelo en la gestión de carreteras de tal magnitud. Ante la posibilidad de que se establezca alguna nueva modalidad de pago en el futuro, «es algo donde tiene que haber acuerdo y esa reflexión tiene que establecerse». Tampoco en esto existen certezas.
