Las administraciones provincial y autonómica celebraron ayer una comisión bilateral en el Palau de la Generalitat, con el fin de marcar una serie de actuaciones de coordinación. Uno de los asuntos tratados en el encuentro fue la necesidad de avanzar en temas como las «competencias impropias que sigue asumiendo la Diputación, tanto en el Consorcio Hospitalario Provincial como en el complejo socioeducativo de Penyeta Roja», según señalaron desde la institución provincial. Por esta parte acudieron el presidente, José Martí; además de los diputados Santiago Agustí, Ximo Huguet e Ignasi Garcia.
Y es que el objetivo a largo plazo es que la gestión del Provincial pase a manos de la Conselleria de Sanidad y el centro deje de ser un consorcio, del que ahora también forma parte la institución provincial, y se integre por completo dentro de la red sanitaria pública a todos los efectos.
En cuanto al centro de acogida de menores Penyeta Roja de Castelló el problema está en que es la Diputación la que presta un servicio que es competencia de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. El cierre de las instalaciones y la derivación de los menores a otros centros de la Conselleria lleva varios años encima de la mesa sin que, hasta ahora, se haya materializado.
Otro de los propósitos marcados es la armonización entre ambos organismos públicos con el objetivo de racionalizar servicios, evitar duplicidades, analizar sus correspondientes funciones de ambas administraciones y, en definitiva, «ir de la mano para mejorar la eficiencia de los servicios al ciudadanos», expuso José Martí.
La representación de la Generalitat estuvo encabezadas por el secretario autonómico de Promoción Institucional y Cohesión Territorial, Alfred Boix; el director general de Administración Local, Antoni Such. Boix incidió en la propuesta de formalizar una agenda conjunta para profundizar los «avances en cuestiones de políticas sociales, educativas o hídricas en esta legislatura».
FONDO DE COOPERACIÓN / Entre las cuestiones tratadas estuvo la plasmación en los presupuestos de la Diputación del Fondo de Cooperación Municipal, «pues por primera vez hemos puesto 5,6 millones para los pueblos», indicó el presidente. Para Martí, esta era una demanda histórica que permitirá que los consistorios, «de los más grandes a los más pequeños, puedan hacer uso de unos fondos incondicionados, que supondrá que los ayuntamientos, que ya son mayores de edad, decidan a qué servicios quieren destinar ese dinero».
