La Diputación de Castellón asume en su presupuesto para el 2021 una partida de 4.151.000 euros para financiar el coste de los servicios sociales en los municipios con menos de 10.000 habitantes, que son 124 de los 135 en los que se encuentra dividida la provincia.

Así quedó plasmado ayer en el protocolo de intenciones que suscribieron en el palacio provincial el presidente de la Diputación, José Martí, y la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, acompañados de la vicepresidenta provincial y responsable de Servicios Sociales, Patricia Puerta.

Este paso forma parte de la transferencia de competencias a raíz de la nueva ley valenciana de Servicios Sociales Inclusivos aprobada en el 2019, mediante la que se establece que la corporación provincial correrá a cargo del coste de las ayudas de emergencia, las prestaciones de atención primaria social y los 117 profesionales que conforman los equipos sociales de los 124 ayuntamientos.

Además, cabe recordar que en 2020 ya se produjeron los primeros avances en esta línea al encargarse la Diputación de abonar 1,6 millones de euros de las localidades de menor tamaño.

Al respecto, Martí destacó la «buena sintonía» entre ambas administraciones y afirmó que las dos instituciones «tienen entre sus grandes retos los servicios sociales, más si cabe en la actualidad cuando todos estamos viendo la importancia de la existencia de una sanidad pública fuerte y una atención social universal».

Consignación del Consell

Mientras, Oltra aclaró que los fondos liberados en el Consell con el cambio revertirán de nuevo en la provincia para reforzar el personal en las poblaciones más grandes «que tienen ratios más desfavorables», así como en infraestructuras.

Y es que, otros de los aspectos que se abordó en el encuentro es el plan de dotaciones que «ultima» la Conselleria y que tendrá en cuenta criterios para distribuir la inversión como la equidad territorial y la lucha contra la despoblación.

Además, la vicepresidenta provincial, Patricia Puerta, avanzó que la coordinación entre administraciones se llevará a cabo en una red «única hasta ahora en la autonomía», que incluirá a agentes vinculados con la atención sociosanitaria y que también contribuirá a la adopción de proyectos innovadores en la materia.