La Diputación de Castellón impulsa una declaración de interés con el fin de captar hasta 4,5 millones de euros de los fondos europeos de recuperación Next Generation UE y del nuevo marco financiero para poder potenciar la transición energética en la provincia.
La corporación ya ha propuesto para ello al Gobierno central un proyecto basado en la implantación de sistemas de generación de energía renovable en 91 municipios del territorio provincial que permitan cubrir la demanda existente a nivel local.
Un plan sobre el que el diputado de Sostenibilidad, Ignasi Garcia, explica que la intención pasa porque las instalaciones públicas se conviertan en productoras de energía mediante tecnologías renovables como, por ejemplo, el uso de paneles fotovoltaicos.
Con ello, la corporación busca «asegurar la soberanía energética a escala municipal. ya que la idea es que las localidades se autoabastezcan y que no exista la dependencia actual con los oligopolios energéticos», añade Garcia.
Y es que, el impacto de la iniciativa, según el estudio realizado por los técnicos de la Diputación, sería económico, al ahorrar 420.500 euros al año a las arcas públicas, pero también medioambiental, al reducir las emisiones de dióxido de carbono en 1.312 toneladas en cada ejercicio gracias a que estas instalaciones lograrían alcanzar una tasa de autoconsumo por encima del 20%.
Unión entre localidades
La cohesión territorial es otro de los ejes en los que se articula el proyecto con la posibilidad de generar pequeñas comunidades energéticas que «puedan comprar y vender la energía producida en exceso en función de las necesidades de cada momento», detalla el diputado provincial.
Asimismo, las nuevas instalaciones se integrarán en la plataforma SmartVillage de la Diputación para la monitorización de las instalaciones municipales, en producción y consumo, así como para el cálculo de su huella de carbono. Un proceso que forma parte de los últimos pasos de la estrategia, una vez se complete la licitación y ejecución de las obras de la instalación a realizar, para lo que se fija un plazo de dos años.
Mientras, también se espera que esta inversión y mejora de la eficiencia alivie los presupuestos municipales por el abaratamiento de costes que conlleva, además de generar empleo tanto en la ejecución como en el mantenimiento de la infraestructura.
