Las obras de remodelación del edificio de los antiguos juzgados ubicado en la plaza Borrull arrancaron ayer tras 15 años cerrado al público desde que los servicios judiciales se trasladaron a la Ciudad de la Justicia, en el 2006. Durante toda la mañana, varios operarios se afanaban en vallar una parte de la calle Bellver, en la parte trasera del recinto, mientras que responsables de la UTE Condisa-Construcciones Ortiz, adjudicataria del importante proyecto, organizaban los trabajos de la rehabilitación que cuenta con un presupuesto cercano a los 14,5 millones (IVA incluido) a cargo de la Generalitat valenciana, tal y como pudo comprobar in situ este diario.

Hace casi 15 días que la administración autonómica firmó el acta de replanteo con la que se iniciaba el plazo de 22 meses y que habilitaba a la UTE a comenzar los trabajos contratados por la Generalitat en este edificio (data de los años 70) que albergará, por el momento, solo los servicios sociales que ofrece la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

De esta forma, la rehabilitación, que finalizará en el 2023, afectará a los 11.700 metros cuadrados de los que dispone el recinto distribuido en las seis plantas que acogerán los servicios autonómicos. En cuanto acaben los trabajos, el Ayuntamiento de Castelló tiene previsto solicitar un espacio en estas dependencias (se prevé que también sean para servicios sociales municipales), tal y como ha destacado el portavoz del equipo de gobierno en diversas ocasiones, José Luis López.

El recinto, antigua sede de la Audiencia Provincial de Castelló, será sometido a una reforma integral que permitirá además mejorar la eficiencia energética y las condiciones de accesibilidad. Esta adecuación incluye refuerzos estructurales, apertura de nuevos vacíos, construcción de nuevos núcleos de comunicación, configuración de nuevos espacios de iluminación y ventilación u otra distribución interior. Los antiguos juzgados serán accesibles y también contarán con cerámica de Castellón en su fachada.