El pleno del Ayuntamiento de Castelló aprobó este jueves dos documentos que marcarán las actuaciones en Bienestar Social en los próximos años, tanto en materia de Inclusión y Cohesión Social como en Drogodependencias y Trastornos Adictivos. Lo hizo, como estaba previsto, con los votos a favor del tripartito, a los que se unieron los del PP. El resto de la oposición se inclinó por la abstención.
Mary Carmen Ribera, la concejala de Bienestar Social, fue la encargada de defender ambos planes. El I Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social 2022-25 es una «hoja de ruta que permitirá gestionar los recursos de manera eficiente». Ribera recordó que el Ayuntamiento ha aumentado la partida de Bienestar Social un 286% desde 2015. «Este gobierno siempre estará al lado de vulnerables para hacer de Castelló un lugar más justo», dijo.
El PP, representado por Susana Fabregat, valoró el «buen trabajo de análisis» realizado para desarrollar el plan, «teniendo en cuenta a 91 entidades sociales, miembros del consejo social de la ciudad y personal técnico», y se ofreció a «colaborar en el cumplimiento de los objetivos». «Con la pandemia se han disparado las atenciones», lamentó la popular, eso sí, durante la explicación del voto.
Antes, tanto Vox como Ciudadanos habían optado por la abstención. Luciano Ferrer, de Vox, lo calificó de «macroproyecto de dudosa realización»; y Mari Cielo Leirós, de Cs, lo calificó de «documento hueco». «Le falta dotación económica y personal», indicó.
44 medidas
Este plan, que presentó el miércoles la alcaldesa Amparo Marco, conlleva 44 medidas -19 de ellas de nueva creación, y se articula en torno a seis líneas estratégicas (inclusión sociolaboral, garantía de prestaciones, equidad territorial y cohesión social, atención a la infancia y adolescencia y promoción de la igualdad), 10 retos y 19 objetivos operativos.
Los mismos papeles se repartieron en el siguiente punto del orden del día: la aprobación del II Plan Municipal sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos 2022-205. «El desafío es complicado y por este motivo esta corporación debe estar unida», apuntó Ribera, después de comentar algunas de las conclusiones del análisis que realiza este documento, tejido igualmente junto a numerosas entidades.
Los datos, señaló la concejala Ribera, indican que el consumo de alcohol en la ciudad comienza a edades cada vez más tempranas, una problemática que se une al consumo de otras sustancias, al juego y las apuestas. Para ello, apuntó algunas de las acciones previstas en el plan, como la intervención desde edades infantiles, la promoción de hábitos saludables, la prevención del consumo y la puesta en marcha de campañas escolares de sensibilización.
El PP volvió a votar a favor del plan del tripartito y Cs y Vox, a abstenerse. «Estamos de acuerdo con los objetivos que lo inspiran. El problema de las conductas adictivas responde a múltiples causas y ha de abordarse desde múltiples perspectivas, como recoge el documento», señaló Fabregat. Desde Vox, en cambio, dijeron que «la intención es buena, pero está falto de ambición»; y en Ciudadanos, que «no aporta soluciones».
COMISIÓN DE SEGURIDAD
La aprobación del dictamen de conclusiones de la Comisión de Investigación de la reforma de la Sala de Emergencias de la Policía Local acaparó buena parte del pleno. Al final, el tripartito hizo valer su mayoría para aprobarlo entre reproches de ida y vuelta con los partidos de la oposición.
Desde el equipo de gobierno Omar Braina, del PSPV, remarcó que «no había ningún indicio de irregularidad», y calificó de «sucia y rastrera» la estrategia de la oposición para «desgastar». «La comisión ha servido para demostrar que todas las actuaciones se hicieron de acuerdo a la ley», dijo, antes de añadir que «la única anomalía ha sido democrática, las mentiras y mala fe del PP y Ciudadanos para obtener un rédito electoral».
Esta intervención provocó la reacción de Vicent Vidal, portavoz de Ciudadanos y presidente de la comisión. «No tienen vergüenza ni la conocen. Aquí se ha pagado 5 o 6 veces más de lo que vale. Es miserable y ruin», espetó en su turno de réplica. Antes, Vidal aseveró que «el objeto del contrato no se ha cumplido, la sala no funciona».
En la misma línea se expresó Vicent Sales, del PP. «Hacía falta luz y taquígrafos para saber por qué se había externalizado el contrato, por qué se añadió otro, por qué no se cumple el objeto, por qué no funcionaron las cámaras en el asalto al Ayuntamiento...». El PP estudia emprender acciones legales y acudir a los juzgados. «Algunas cosas han quedado claras y otras no. Puede ser que un juez tenga que decir si ha habido negligencia o alguna cosa más», remató Sales. Vox optó por la abstención: «Hay flecos sin aclarar y las dudas persisten».
Por su parte, el resto de socios del tripartito se alineó en defensa de las actuaciones. «La comisión -que comenzó en 2019- ha sido una soberana pérdida de tiempo», dijo Francesc Mezquita, de Compromís; «la sala era necesaria y el procedimiento se movió dentro de los márgenes de la ley», añadió Fernando Navarro, de Podem.
