El Ayuntamiento de Castelló activará este miércoles el proceso de retirada y traslado a un nuevo emplazamiento de la Cruz de los Caídos ubicada en el parque Ribalta, en cumplimiento de la ley de Memoria Democrática del Consell.
El consistorio cerrará una vez concluya un dilatado proceso en el tiempo, aunque la tensión se mantendrá hasta el último momento, pues varios grupos con posturas enfrentadas, tanto contrarios como favorables a la retirada del símbolo, tienen previsto concentrarse junto al monumento.
Ha sido este martes mismo cuando el Ayuntamiento ha comunicado la fecha en la que se procedería al traslado. La concejala de Memoria Democrática, Verònica Ruiz, calificó la jornada tras conocerse la noticia como un «día histórico» y afirmó que con la retirada «trabajamos por la calidad democrática y para todos y todas». Mientras, el edil de Obras, José Luis López, manifestó que «vamos a dar cumplimiento a las leyes en materia de memoria democrática».
De hecho, durante la tarde, la empresa adjudicataria de los trabajos ha procedido a realizar el vallado de la zona con tal de asegurarla de cara a la retirada. En cambio, a última hora del día, el consistorio reseñó que este miércoles solo se procederá a la construcción en el taller de la estructura para evitar roturas en la cruz «por cuestiones organizativas de la empresa adjudicataria», mientras que el traslado será «en próximos días», sin más detalle.
No obstante, la asociación Abogados Cristianos lanzó prácticamente de inmediato cuando trascendió la retirada una convocatoria en rechazo fijada para la jornada de hoy miércoles. Su presidenta, Polonia Castellanos, hizo un llamamiento a «defender la fe, la historia y el patrimonio».
El recurso
La entidad también planteó un nuevo recurso ante la justicia solicitando medidas cautelarísimas para tratar de paralizar el proceso, además de presentar una nueva querella, esta vez contra la edila de Patrimonio, Pilar Escuder, por un presunto delito de prevaricación, alegando que se incumple el plazo de 20 días estipulado para hacer alegaciones.
Eso sí, no serán los únicos que este martes tenían previsto acudir a la retirada de la cruz. Grupos de la capital difundieron otra convocatoria distinta invitando a la ciudadanía a concentrarse pacíficamente para «celebrar que por fin la ciudad se reconcilia con su pasado». Y es que, entidades como el Grup de la Recerca per la Memòria Històrica valoraron que la retirada «es lo que toca en una democracia» y calificaron de «bochorno» el hecho de que «se intente boicotear el cumplimiento de la ley», según afirmó Maribel Peris. Al mismo tiempo, sostuvo que «resulta lamentable que se haya intentado camuflar un monumento de exaltación del franquismo» y reprochó «la exaltación del régimen desde cierta jerarquía de la Iglesia», calificando de «antidemocrática» la concentración de Abogados Cristianos.
El proyecto
El proyecto, que tiene un plazo de ejecución de seis semanas, está adjudicado por 62.589 euros. Las obras contemplan en una primera fase el vallado de la zona de actuación y los trabajos propios para la retirada y traslado de la cruz, como la protección de la misma con entablillado, el corte del fuste por la base, el levantamiento, el transporte y la colocación en la explanada de la Iglesia de Santo Tomás, la ubicación escogida por la Diócesis de Segorbe-Castellón.
La siguiente fase de las obras se centra en la recuperación del jardín en el espacio ocupado por el monumento a los Caídos, adaptándolo a la configuración que tenía antes, con planos del 1926.
En redes
En la mañana de este martes, tras conocerse la fecha de retirada del símbolo, Ruiz compartía la noticia en su perfil de Twitter: "Con objetivos claros y la cabeza en el trabajo, porque hemos venido a fortalecer la democracia", decía la concejala. Poco después, Abogados Cristianos respondía en su perfil con una alusión directa a la edila, sosteniendo que "esto no va a quedar así".
