Mañana pasa por los juzgados el ex presidente del Castellón, Fernando Miralles y, aunque fuera por una cuestión ajena al club, la petición del fiscal de seis años de cárcel por un delito de estafa agravada, reaviva en la memoria los muchos frentes judiciales abiertos en los últimos años y, al tiempo, el sentimiento de que en Castalia han actuado con distintos cargos trileros de todo tipo y condición. En ese ominoso y largo periodo, no cabe duda del protagonismo de la causa abierta por la asociación de accionistas minoritarios Sentimiento Albinegro contra Castellnou por apropiación indebida, falsedad en documento público, administración desleal y otros delitos societarios, presentada el 26 de julio de 2012, y sobre los que no ha mucho se ha pronunciado con rotundidad el fiscal Juan Diego Montañés.
A la espera de los correspondientes escritos de defensa, se confía que el juez decretará el inicio de juicio oral antes del verano, lo que sin duda marcará el futuro del Club Deportivo Castellón. Mientras tanto, vaya por delante que el escrito de acusación pide penas de cárcel de ¡¡10 años!! para José Manuel García Osuna y ¡¡27 años!! para Antonio Blasco, y condenas no menos importantes para Jesús Jiménez, Álvaro Rodríguez-Hessles, Miguel Ángel Ludeña, otros seis cargos hasta sumar ¡¡once imputados!! y diversas empresas relevantes. Cabe recordar que, además del desvío de recursos para beneficio propio, el expolio determinó nuestro descenso a Tercera División por impagos, cuyas consecuencias deportivas todavía seguimos arrostrando en una triste montaña rusa sin fin; mientras que las derivaciones económicas --y malas gestiones posteriores-- nos mantienen en el filo de la navaja de la quiebra técnica, ergo de la desaparición.
El repaso de las calificaciones fiscales deviene más preocupante que curioso, en tanto que multiplica exponencialmente la petición que en su día realizó el principal damnificado, el propio Castellón, que se adhirió tarde y mal a la causa en tiempos de David Cruz en la presidencia, y no parece descabellado presumir que por sus desavenencias e intereses personales en la compraventa de las acciones, pleito que ya se ha resuelto en favor de Osuna y su banda, abriendo un abanico de dudas jurídicas sobre la propiedad, aderezadas con la demanda de Cruz contra quien hoy es presidente en calidad de máximo accionista, Vicente Montesinos, por impago de las mismas. Un babel ingobernable.
Pero es que Montesinos tampoco amplío esa demanda, solicitando penas menores y para solo cinco personas que, en muchos casos, ni siquiera iba a suponerles la entrada física en el talego. Y la duda me corroe.
Es triste pensar que el Castellón se haya quedado corto en la búsqueda de justicia reparadora para los únicos culpables de nuestra crisis actual. No lo es menos comprobar que, lejos de colaborar con aquellos abnegados quijotes del albinegrismo, se ha fomentado una división entre la afición que ya se ha trasladado a todos los ámbitos. Cada comentario de un lado es repudiado por el otro, cada crítica de una parte muta en una loa desde enfrente. Y eso no favorece a nadie.
Si Montesinos quiere o se vé obligado a seguir, amén de las soluciones mercantiles y deportivas inmediatas, debería definirse de una vez por todas. Y si vende, aún con la incierta validez de la operación, el comprador tendrá que arbitrar un fénix de concordia ahora que, diez años después, empieza a verse la luz al final del túnel jurídico y, centenario mediante, sería deseable que el aniversario y la sentencia sirvieran para que, mande quien mande, solo hubieran dos bandos: el Castellón y los que le robaron.
