Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) acaba de cuestionar buena parte del urbanismo tramitado hasta la fecha --no solo en Burriana-- al amparo de la antigua Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), e incluso de la actual Ley Urbanística Valenciana (LUV), por cuanto declara nulo el acuerdo por el que se aprobó definitivamente el PAI y Plan Parcial del Sector Llombai-Monges, y la adjudicación como agente urbanizador a Urbanizadora Llombai, SL. En base a este dictamen, todos los PAI aceptados en Burriana desde 1997 eran nulos.

El recurso contra el Ayuntamiento y la Generalitat lo interpusieron 11 propietarios del barrio de l´Hereu, incluidos dentro del Sector Llombai-Monges, y que solicitaban que se les excluyera del programa, al tratarse de viviendas consolidadas y de asentamientos rurales históricos. En este sentido, cuestionaban la clasificación del suelo que integraba su ámbito y delimitación.

Además, los alegantes introducían otro elemento de impugnación, repetido en la mayoría de recursos interpuestos contra el consistorio por acuerdos urbanísticos, como es el "incumplimiento" en la selección del urbanizador de la normativa reguladora de la contratación pública.

El fallo no entra a valorar en ningún momento cuestiones sobre si l´Hereu es un asentamiento rural histórico, si son viviendas consolidadas, o si la calificación del suelo es la correcta. Pero sí estima el recurso y declara nulo el acuerdo por no haberse aplicado la norma estatal básica.

La totalidad de empresas adjudicatarias que se han presentado en Burriana no cumplían con la normativa nacional, pese a que algunas de ellas están formadas por otras que sí podrían haberlo hecho. Así, en casi todos los casos, las firmas que han optado a la adjudicación de un PAI eran de nueva creación, como el caso de Urbanización Golf Sant Gregori, SA que aglutina a G&C, Lubasa y el grupo Ballester.

Los técnicos municipales entienden que el fallo del TSJCV no es de aplicación en este último caso, al haberse cerrado la fase de recursos, tras acordar la adjudicación definitiva, y estar en proceso de reparcelación.