El fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, ha remitido al juzgado la primera denuncia por construcción ilegal en la desembocadura del Millars, en el término municipal de Almassora. Este trámite se inicia después de que el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) advirtiera de la existencia de unas 120 viviendas en esta zona, declarada zona húmeda catalogada, de las cuales 16 podían llevarse por la vía penal.

La que ya está en manos del juez corresponde a este segundo grupo, tal y como detallaron fuentes del grupo ecologista. Además, remarcaron que el destino de estas edificaciones debe de ser "el derribo" para, a continuación, "proceder a la restauración del espacio al estado anterior a dichas construcciones".

Las mismas fuentes incidieron en la importancia del proceso abierto por Carceller, ya que "de él se derivará que si se construye no pasa nada, o bien resultará el inicio de un punto de inflexión en la degradación del humedal que abrirá las puertas a actuaciones de gestión creíbles en pro de la conservación del patrimonio natural que atesora la zona del humedal", destacaron.

La resolución final podría llegar "en tres o cuatro meses", indicaron desde esta agrupación ecologista castellonense.