La empresa adjudicataria de la desaladora de Orpesa, Antalsis SL, ha reconocido que se encuentra “en preconcurso de acreedores” y que, si en unos tres meses soluciona su situación dentro del plazo permitido en este procedimiento, “podría reiniciar las obras de construcción de la infraestructura ahora paralizadas”, lo que supondría volver a cerrar la Vía Verde que conecta Benicàssim con Orpesa por la costa.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Benicàssim solicitará que los trabajos de canalización de la instalación orpesina hacia Benicàssim no empiecen hasta después del verano y, en concreto, tras las fiestas de septiembre.

Y es que, aunque la empresa lograra solventar sus dificultades en apenas unos meses, las fechas coincidirían con las vacaciones de Semana Santa, el buen tiempo y el estío, algo “incompatible con la ordenanza municipal que determina que no se pueden otorgar o autorizar licencias de obras que afecten a la vía pública en temporada alta, salvo que se trate de una actuación de urgencia y extraordinaria”, según recordó la concejala de Urbanismo de Benicàssim, Carolina San Miguel.

Por ello, el consistorio tratará de consensuar “unos nuevos plazos para que los trabajos arranquen después de septiembre”, según indicó San Miguel, quien consideró que no habrá “ningún problema para acordar las fechas en los diferentes tramos, puesto que desde el minuto cero ha habido una buena predisposición por parte de Acuamed en adaptarse a las necesidades de la localidad”.

RETRASOS // Fuentes de la empresa explicaron ayer a este periódico que “el retraso en la ejecución de las obras, que debían comenzar a principios de febrero, no es imputable a Antalsis porque desde que se firmó el contrato hasta que se rubricó el acta de replanteo, desde septiembre hasta diciembre, no se habían puesto a disposición todos los terrenos afectados y, posteriormente, se han producido modificaciones”.

No obstante, desde hace una semana, la situación ha dado un giro de 180 grados, ya que la citada firma, que negó que hayan reclamado más dinero, ha presentado voluntariamente un preconcurso de acreedores, de modo que ahora tiene por delante un periodo de tres meses, más uno de prórroga, para levantarlo “y así continuar con la actividad”, según fuentes de la mercantil.

Aunque la actuación es competencia del Gobierno central, el Ayuntamiento otorga los permisos y vela porque transcurra de la forma “menos perjudicial posible para el municipio”, según señaló la alcaldesa, Susana Marqués. De momento, mientras no se concluya la canalización también se retrasará el pago de la amortización de la desaladora, por la que el Ayuntamiento de Benicàssim deberá desembolsar un millón de euros en un plazo de 25 años. H