Como la mayoría de municipios de la provincia, la Vall d’Uixó cuenta con una ordenanza que regula la tenencia de mascotas, pero ante los reiterados incumplimientos de algunas normas, como las que afectan al manejo de perros considerados potencialmente peligrosos, desde la concejalía de Seguridad Ciudadana se decidió llevar a cabo una campaña de vigilancia que ha acabado con varios propietarios sancionados por incurrir en faltas graves.

Este dispositivo «de vigilancia e información», como especificó el concejal del área, Javier Ferreres, se desarrolló entre los días 23 y 29 de abril y consistió en realizar «controles alternativos a ciudadanos que pasean por la vía pública y zonas acondicionadas para tal fin». La intervención en todos los casos consistió en «identificar a dueños y animales, pasándoles el lector de chip a estos últimos».

El edil recordó que este dispositivo canino «es obligatorio» y si se comprueba que un ejemplar no lo lleva, «se está incurriendo en una falta grave» contemplada en la legislación autonómica. Durante la campaña, a los dueños que se encontraban en esta situación se les emplazó a que «en un breve plazo de tiempo, subsanen la infracción». En los casos más flagrantes «se denuncia».

En concreto, en esta campaña, se interpusieron un total de cinco sanciones graves, una de ellas relacionada con la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Cuatro tuvieron que ver, principalmente, con «llevar a los animales sin correa por espacios públicos». La quinta se impuso al propietario de un perro «que iba sin bozal y sin cadena», y que por su raza debía llevarlos.

Las cuantías de las sanciones leves oscilan entre 30 y 600 euros, mientras que las graves pueden llegar a los 6.000 «dependiendo de la gravedad y de si se comprueba que existe reincidencia». Desde la concejalía se defiende que este tipo de iniciativas municipales «no tienen de ningún modo un afán recaudatorio, sino que son la medida extrema a la que hay que llegar cuando no se cumplen las ordenanzas». De hecho, Ferreres especificó que durante la campaña «identificaron a 72 perros, de los cuales solo se acabó denunciando a cinco».

La pretensión final del consistorio con estas intervenciones es «atajar los comportamientos incívicos». «Los vecinos conocen la ordenanza y saben que tienen la obligación de cumplirla, quienes prefieren ignorarla se exponen de forma voluntaria a ser sancionados por ello», concluyó.