El equipo de gobierno de la Vall d’Uixó ha pospuesto tomar una decisión respecto de la renovación del contrato de abastecimiento de agua potable --que llegaba a su fin en enero del 2021, 25 años después de su adjudicación--, al conceder una prórroga de 5 años, un tiempo que se destinará a realizar una auditoría del servicio para valorar si finalmente el consistorio asume la gestión directa, licita una nueva adjudicación o renueva la ya existente.
Entre los socios del tripartito hay posturas como la de EU que defiende la recuperación del servicio para que sea público, aunque esa decisión ya no tendrá que tomarla este gobierno, sino el que salga de las urnas en el 2023.
LA PISCINA, SIN CONTRATO / En el pleno celebrado ayer no solo se aprobó la mencionada prórroga, sino también resolver el contrato de explotación de la piscina de Sant Josep, tal y como avanzó ayer Mediterráneo. Los incumplimientos de la concesionaria, reconocidos por el Consell Jurídic Consultiu, son la razón por la que el Gobierno que dirige Tania Baños toma esta medida, aunque tuvieron que dar respuesta a las dudas planteadas por la oposición, en concreto, PP y Ciudadanos, desde cuyas filas les responsabilizaron de este desenlace, por no haber supervisado el servicio los últimos años, porque como defendieron, «los problemas del la piscina no eran los únicos» y el tripartito llega tarde.
También prosperó la contratación del préstamo para pagar la sentencia de más de 750.000 euros por el impago de facturas del ecoparque los años 2012-2013. El PP, señalado en el caso, se abstuvo en la votación.
