Lo anunció el domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y este martes lo aprobó el Consejo de Ministros: Azuébar ya es oficialmente zona catastrófica por el incendio forestal que aún sigue poniendo en alerta a los bomberos, ya que el fuego está controlado, pero no extinguido. Una declaración, no obstante, que no convenció por las formas a la alcaldesa, Jessica Miravete (PP), quien hubiera deseado que el Ejecutivo fuera «más explícito» a la hora de dejar claro ayer qué municipios podrán beneficiarse de las ayudas y a qué importe podrían llegar a optar.
El motivo principal de su disconformidad es que Moncloa, a través de las palabras de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha otorgado el título de área gravemente afectada por emergencia de protección civil por comunidades autónomas (13 en total) y no por localidades afectadas. «Han concedido la zona catastrófica al conjunto de la Comunitat Valenciana, así que entiendo y espero que Azuébar esté incluida. Es lo lógico, pero para salir de dudas, hubieran tenido que anunciar la referencia por poblaciones», expone la alcaldesa, quien reprocha que, a la hora del cierre del ayuntamiento, nadie les había comunicado nada ni habían recibido «ninguna confirmación».
Además, lamenta que el Gobierno tampoco haya sido «más concreto» en cifrar la cantidad de dinero que destinarán para reparar los destrozos ocasionados por el fuego. Fuentes del Ministerio del Interior respondieron a su vez que, por ahora, «no han podido identificar y cuantificar los daños con la precisión necesaria para determinar las ayudas destinadas a paliar esos perjuicios».
"Entiendo y espero que considerarán a Azuébar como zona catastrófica, no hemos recibido todavía ninguna confirmación"
La portavoz gubernamental recalcó en rueda de prensa que el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros pretende hacer frente a las «situaciones tan dramáticas» vividas en muchos lugares de España y atender los «daños materiales, personales, en infraestructuras, enseres, establecimientos industriales, ganaderos, personas físicas y jurídicas y corporaciones locales» provocados por incendios como el de Azuébar, que ha calcinado alrededor de 420 hectáreas.
Adecuar los accesos al monte
En el caso concreto de la localidad del Palancia, el consistorio ha hecho hincapié, en la memoria que facilitó ya el jueves a la Subdelegación del Gobierno, en las infraestructuras municipales deterioradas a causa del fuego. «Hemos destacado sobre todo los caminos para acceder al interior del monte, que se han visto especialmente afectados por el tránsito de los vehículos de gran peso que han tenido que pasar para sofocar las llamas», detalla la alcaldesa.
Asimismo, han enviado un requerimiento a la Conselleria de Agricultura para ver «cómo pueden ayudar» desde el Ayuntamiento a los propietarios de fincas privadas de cultivos, puesto que la mayoría de las parcelas no están aseguradas, de modo que el Consorcio de Compensación de Seguros no cubrirá los daños.
