Vinaròs aprobó, con los votos a favor de todos los grupos y el no del PP, adherirse al fondo de impulso económico del 2022 del Ministerio de Hacienda destinado a pagar sentencias firmes para financiar 1.580.000 euros. Es la cifra que el Ayuntamiento debe abonar por una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la unidad de ejecución UE2R09, conocida como el PAI de la Torre Ballester.
Tras la reclamación del propietario, perjudicados por la reducción del aprovechamiento urbanístico después de la aprobación del PGOU de 2001, el tribunal obligó al consistorio en el 2018 a pagar 1.280.000 euros, pero la demora ha subido 300.000 euros más los intereses.
La concejala del área, María Cano, justificó la unión a este fondo para obtener unas condiciones más beneficiosas a la hora de pagar condenas firmes. "En este caso, solicitamos 1.580.451 euros para hacer frente a una sentencia de la zona de la Torre Ballester", dijo.
Desde Ciudadanos, el edil Manuel Herrera mostró su apoyo a esta adhesión, pero lamentó haber llegado a este punto por "la mala gestión y los errores de gobiernos anteriores que nadie asume, pero que pagan los ciudadanos".
María Dolores Miralles, del Partit de Vinaròs Independent (PVI), reprochó que la sentencia no se hubiera pagado antes, incluyéndola en el presupuesto actual, para evitar los casi 300.000 euros de intereses de demora, aunque consideró que unirse al fondo es "necesario" y apoyó la propuesta.
"Nefasta gestión"
Mientras, el portavoz del PP, Juan Amat, acusó al equipo de gobierno de tener que abonar 300.000 euros de más "por su nefasta gestión". "Si había una sentencia que dictaba que había que pagar 1.280.000 euros, hay que preguntarse por qué terminamos pagando los vinarocenses 1.580.000, y la respuesta es que ustedes son los únicos responsables", dijo, y explicó que el propietario solicitó la indemnización el 15 de mayo de 2015 y el Ayuntamiento se la denegó por silencio administrativo seis meses después.
"En noviembre del 2018, la sentencia obligaba a pagar la cifra inicial más los intereses, y después del fallo del TSJ, en 2020 volvió a condenar al consistorio. Los años han ido pasando y cada vez, por su negligencia, la cantidad a indemnizar ha sido mayor", achacó.
El alcalde, Guillem Alsina, cerró el turno de intervenciones y recordó que en el 2014 ya pagaron por otra sentencia en este PAI 1,4 millones. "Los más de 2,7 millones que ha generado en sentencias desfavorables la gestión de este PAI no ha sido por culpa de este equipo de gobierno. Este caso solo tiene un padre, y es el PP de Jacinto Moliner", apuntó, que es el alcalde que aprobó el PGOU en 2001.
Orígenes
El denominado caso Arizmendi se remonta al año 1986, cuando firmaron el convenio de urbanización de la finca de la zona de la Torre Ballester, que fue recogido en la revisión del PGOU de 1988. Cuando en 1995 el PP ganó las elecciones, emprendió una revisión del plan general que culminó en la aprobación del PGOU de 2001, que dejó sin validez el convenio firmado con Arizmendi. Ante esta anulación, el propietario inició acciones judiciales contra el Ayuntamiento, al ver vulnerados sus derechos urbanísticos.
