El Ayuntamiento de Almassora ha logrado una operación de préstamo valorada en 532.399,30 euros con un tipo de interés fijo a 0% para pagar una sentencia por la gestión urbanística de 2013.
Desde el consistorio han iniciado los trámites para pagar la cuantía económica estipulada en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que obliga a abonar unos terrenos con acceso desde la calle Cabanes, junto al instituto Álvaro Falomir. La oferta figura en la Caixalmassora, la única entidad presentada al requerimiento municipal, y que permitirá formalizar el crédito en breve para atender la demanda judicial.
El expediente de modificación de crédito aprobado en julio por la corporación ha entrado en vigor después de que el TSJ estimara el recurso contencioso-administrativo de los propietarios.
Por este motivo, el Ayuntamiento abrió el proceso para solicitar un crédito ex profeso para pagar esa cuantía y las condiciones “inmejorables” de la oferta de Caixalmassora permitirán afrontar la suma sin endeudar las arcas municipales por este conflicto que se remonta a 2013.
Cerca del IES Álvaro Falomir
Fue entonces cuando los dueños de la parcela ubicada en las inmediaciones del IES instaron al Ayuntamiento a iniciar la expropiación y, ante el silencio administrativo del entonces equipo de gobierno del Partido Popular, el jurado Provincial de Expropiación Forzosa resolvió la cuantía a pagar por el consistorio.
La administración local ya abonó 308.755,78 euros con cargo al presupuesto municipal de 2017 por este litigio al que ahora se suma más de medio millón de euros con el crédito de Caixalmassora hasta superar los 800.000 euros fijados por los tribunales. Una cuantía para estos terrenos de 3.729 metros cuadrados calificados como suelo dotacional docente.
Cabe recordar que la propiedad reclamó "3.223.845,36 euros en 2015, después de que el Ayuntamiento de Almassora ignorara su obligación de expropiar", según marca la legislación valenciana.
Cumplimiento de la sentencia
Además, pese a que el proceso no está cerrado y el consistorio ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el pleno del consistorio se vio obligado este verano a aprobar la modificación de crédito para reservar estos fondos y así garantizar el cumplimiento de la sentencia en caso de no prosperar el recurso municipal.
La suma aportada en la sesión plenaria del mes de julio por el consistorio proviene de este préstamo abierto esta semana con el objetivo de hacer frente a las obligaciones judiciales sin desatender ninguno de los proyectos previstos para el ejercicio actual.
