La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ya anunció que depurarán responsabilidades más allá de las políticas, que ya le han costado su cargo al director general de Medio Natural, Benjamín Pérez. El polémico plan de burros antiincendios en el Desert de les Palmes supondrá la apertura de expedientes disciplinarios. El primero ya se conocía y afecta al director del parque natural, Toni García. El segundo, según ha podido saber este periódico, afectaría a la Jefa del Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos.
La gestión de esta crisis interna no será tan ágil como la que supuso la dimisión de Pérez. Tanto el director del parque como la jefa del servicio son funcionarios, por lo que la actuación debe regirse por la Ley de la Función Pública, garantista con los derechos de los trabajadores de la Administración, según fuentes consultadas.
Sanción condicionada
El cese o la destitución en sus puestos, de tal forma, no está en manos de ningún responsable político, aunque la Ley sí que define cuáles podrían ser las consecuencias si consigue probarse que en este caso ha existido la grave falta de diligencia, que la propia consellera definió públicamente esta semana.
El castigo que contempla el régimen disciplinario de la Función Pública va desde una simple amonestación hasta la suspensión de empleo y sueldo. Sin embargo, los datos recabados por este diario hace unos años dibujan una Generalitat poco sancionadora. Son escasos los expedientes que acaban en la separación del servicio. La mayoría se suele solventar con un traslado aunque, tal como ha podido comprobar Mediterráneo, existe un profundo malestar en los distintos departamentos de la Conselleria por la falta de transparencia con que se ha llevado el tema de los burros, y por la imagen que se ha dado.
La única forma de resolver el asunto con celeridad es que los afectados reconocieran su responsabilidad y renunciaran de forma voluntaria al cargo que ocupan que es, al fin y al cabo, lo que ya ha hecho el responsable político, tras producirse la muerte de una decena de burros en el Desert de les Palmes.
El expediente disciplinario esclarecerá si, como desde la Conselleria se ha insinuado, quienes estaban al frente ocultaron las graves incidencias del fallido proyecto.
