El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha admitido a trámite y, por lo tanto, ha abierto una investigación sobre el caso de una madre de Almenara que denuncia el abandono que sufren por parte de la Administración ella y su hijo, diagnosticado de Síndrome de Sotos Like, TDH y trastorno desafiante negacionista y adaptativo, lo que se ha convertido en un «drama» para ellos.
Ana, la madre, con una depresión con ansiedad reactiva reconocida, consecuencia de su situación familiar, afirma no poder más, pues el menor, de 15 años, presenta desde hace un tiempo episodios de agresividad que han requerido incluso de la intervención de la Policía Local de Almenara, como confirmó la alcaldesa del municipio, Estíbaliz Pérez, quien también admitió la situación de vulnerabilidad que sufre su vecina.
Posibles incumplimientos
Tras estudiar la queja presentada por Ana, el órgano consultivo autonómico reconoce que la situación expuesta «podría afectar a los derechos reconocidos a las personas con diversidad funcional», pero también observa una posible vulneración del «derecho de acceso de los ciudadanos a los documentos de los expedientes, archivos y registros de la Administración» que tienen que ver con ellos.
Y es que, según relata la afectada, es conocedora de los contactos que han mantenido desde la dirección territorial de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para valorar su caso, pero a pesar de que ha pedido «varias veces» que le faciliten los informes que tienen sobre su hijo, le ponen «excusas» y no se los dan.
"Al límite emocional y físico"
Esta madre desesperada, «al límite emocional y físico», según advierte, solo pide que la ayuden, a ella y a su hijo, porque mantienen una «relación tóxica y destructiva» para ambos, para la que no ve una salida si no intervienen las administraciones competentes. Y por el momento la única solución que le dan «es que aguante». «Dicen que puedo, pero no puedo».
"La única solución que me dan es que aguante. Dicen que puedo, pero no puedo"
Los problemas de su hijo, de 15 años, no son nuevos, pero se han agravado sustancialmente con la llegada de la adolescencia. Como Ana relató en su momento a Mediterráneo, donde acudió in extremis al sentir que Ayuntamiento y Conselleria la ninguneaban, su hijo acudía con normalidad al Centro de Educación Especial Pla Hortolans de Burriana, «hasta que decidió que ya no quería ir más». Comenzó el curso en septiembre, se contagió de covid, estuvo aislado en casa 10 días y ahí comenzó el calvario que padece su madre.
Obligarlo es contraproducente. El joven mide 1,90 metros y pesa alrededor de 80 kilos. Unidas sus condiciones físicas a una agresividad creciente que solo pueden controlar mediante medicación, en más de una ocasión Ana ha tenido que llamar a la policía para controlarlo, pues reconoce a los agentes como autoridad y atiende las instrucciones que le dan.
Desde octubre, Ana y su hijo viven prácticamente encerrados en casa, donde ella se siente «prisionera». Insiste en que no está en condiciones, sobrevive bajo los efectos de la medicación para la depresión «y en estas circunstancias», creen que puede atender a su hijo. Esta madre angustiada insiste: «Dicen que la prioridad son los intereses del menor, pero no quieren ver que esta situación es mala para él y para mí».
