Los primeros años de la democracia llegaron acompañados de noticias amargas para el campo de Castellón. A principios de los ochenta, el Gobierno ordenó a los viticultores de Cabanes, Vilafamés, Vall d’Alba o Ben- lloc arrancar todas las viñas de la variedad híbrida, de donde se extraía la uva necesaria para producir miles de litros de macameu o señorito. «Se obligó a los agricultores a acabar con las viñas sin ninguna compensación económica y aquella decisión levantó ampollas en la provincia», recuerda Miquel Vilalta, primer delegado provincial de la Unió de Llauradors i Ramaders y también el primer representante de Castellón en dirigir esta organización en la Comunitat.
Aquel conflicto que enfrentó a los productores con el Gobierno (la orden de arranque vino de Bruselas) marcó los primeros años de andadura de unas recién estrenadas organizaciones agrarias. Porque la llegada de la democracia coincide con el nacimiento de la Unió y también de la Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos (Fepac). La primera, por ejemplo, se constituyó en noviembre de 1976 en Bonrepòs i Mirambell (Valencia), mientras que la historia de Fepac arranca también esos mismos años. «Fue una época apasionante. Desde el minuto uno nuestra voluntad fue ser la voz de los productores y la independencia era un principio sagrado. Nos movimos como nadie para tener representación en todas las comarcas», apunta Vilalta. ¿La espina? Que la Comunitat nunca haya tenido elecciones al campo, como sí ha sucedido en Cataluña o Madrid.
El arranque de las viñas fue solo una de las muchas estocadas que ha recibido el sector agrario de Castellón en las últimas décadas, una actividad que ha sufrido una profunda transformación y que ni de lejos es lo que era. Un par de datos basta para demostrarlo. En los últimos 30 años se han abandonado en la provincia 50.000 hectáreas de tierras de cultivo, tras pasar de las 191.100 hectáreas de finales de los ochenta a las 142.588 del 2018. Y del abandono de tierras, a la soledad del sector: hoy la agricultura emplea a poco más de 10.000 personas, frente a las 17.000 de hace dos décadas. De esos, apenas 2.600 son profesionales por cuenta propia, mientras que en los noventa eran casi 5.000.
Un sector que peina canas
El campo está cada vez más abandonado y el perfil del llaurador también ha cambiado. Pese a que el relevo generacional es una cuestión urgente la situación empeora año tras año. Solo el 0,31% de los propietarios de las tierras de cultivo de Castellón tiene menos de 25 años y las personas de entre 25 y los 40 años suponen otro 5%, mientras que el grueso de los titulares (casi el 43% ) supera los 65 años, según datos del Ministerio de Agricultura.
La culpa del declive que ha vivido y sigue viviendo el sector la tiene la falta de rentabilidad de los cultivos. En la agricultura también se cumple aquello de que el pez grande se come al más chico, y los datos que manejan todas las organizaciones agrarias revelan que el agricultor tan solo percibe el 19% de lo que genera. El 79% restante se lo reparten entre los intermediarios.
El desequilibrio es total y la retahíla de males que acechan al campo de Castellón empezó hace ya algunos años, con la entrada de España en la Unión Europea. Las reglas del juego variaron y las políticas europeas discriminaron a los productores de Castellón. «La PAC ha sido siempre ceralista y todo el área mediterránea nos quedamos fuera de las ayudas. El olivar, los frutos secos y, por supuesto, los cítricos fueron discriminados», recuerda Vicent Goterris, delegado de la Unió de Llauradors en Castellón durante más de 20 años.
Bruselas dio la espalda al campo provincial que no pudo competir con los productos llegados de terceros países. «Muchos pequeños productores empezaron a quedarse por el camino. También en las comarcas del interior, donde los pocos que iban quedando no tuvieron más remedio que reorientar su actividad hacia la ganadería. Lo hicieron sobre todo en la zona norte de la provincia, por su proximidad al puerto de Barcelona, que era la vía de entrada del pienso», describen tanto Goterris como Vilalta.
Un millón de toneladas
De falta de rentabilidad también saben mucho los que en Castellón todavía se dedican a la citricultura, el sector que más alegrías ha dado al campo provincial. Pero eso fue en el pasado. Ahora la naranja es sinónimo de crisis. Y, de nuevo, las cifras demuestran lo profundo del declive. En los noventa, apenas unos años después de la introducción del goteo (hasta entonces el sistema de riego predominante era a manta), de las fincas de la provincia salieron una media anual de 1.080.000 toneladas de naranjas y mandarinas. En la pasada campaña fueron 70.000. «Esas cifras de producción ya nunca volverán», augura Goterris. Y con los precios ocurre lo mismo: en los noventa, los productores llegaron a percibir entre 40 y 60 pesetas por un kilo de clementinas mientras que durante la última campaña, el precio apenas llegó a los 0,12 euros.
La crisis de precios se repite en prácticamente todos los productos agrarios, desde el aceite de oliva, los frutos secos o las hortalizas. Y si la tierra no da para vivir (el agricultor, a diferencia de un asalariado, no tiene una nómina mensual y está a expensas de la climatología o de lo que marca el mercado) es muy difícil que entre savia nueva.
Los jóvenes siguen dando la espalda al campo y los problemas a los que se enfrenta hoy el sector siguen sin estar resueltos. En 1993 Miquel Vilalta, entonces secretario general de la Unió, compareció en les Corts para reclamar un plan valenciano de modernización de la agricultura. Entre las medidas, luchar contra el minifundió y apostar por un llaurador profesional. Veintiséis años después, aquel discurso sigue igual de vigente.
