El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Bernardo del Rosal, anunció ayer que la institución que dirige va a aumentar las actuaciones de oficio, de manera que el informe de 2004 incluirá al menos cincuenta iniciativas de este tipo, e incluso estudia investigar de oficio el uso del valenciano en las administraciones públicas.
Del Rosal compareció ante la comisión de Peticiones de las Cortes Valencianas para exponer el informe de esta institución del año 2002, en el que tramitaron 2.243 quejas, la mitad se fallaron a favor de los ciudadanos, y el informe especial sobre la situación de las personas que sufren enfermedades mentales.
El estudio contiene una llamada a la sensibilización de las administraciones públicas para que reduzcan los tiempos "excesivamente amplios" de respuesta a los requerimientos de información de la Sindicatura, y señala que 26 administraciones públicas no han colaborado con la institución o no han aceptado sus recomendaciones.
Del Rosal afirmó que sobre todo no se ha colaborado en las investigaciones de oficio de la Sindicatura, debido a que no hay mucha tradición en este tipo de actuaciones y han encontrado "cierta incomprensión", sobre todo por parte de la administración local, pero consideró que es un aspecto "coyuntural".
DERECHOS LINGUÍSTICOS. Sobre los derechos lingüísticos, indicó que el número de quejas no es "especialmente significativo", pero se han visto obligados a recordar a la administración pública la obligación de garantizar el uso normal y oficial del valenciano hasta conseguir su plena equiparación con el castellano.
Asimismo, adelantó la posibilidad de iniciar actuaciones de oficio para valorar el grado de cumplimiento del mandato estatutario de garantizar y extender el uso del valenciano a todos los ámbitos sociales.
El Síndic consideró que hay "mucho que mejorar" en lo que respecta a las investigaciones de oficio, y justificó su aumento en que hay quejas que no llegan por desconocimiento o por la vulnerabilidad de las personas afectadas, sobre todo en áreas como sanidad, educación y las prestaciones sociales.
Además, adelantó que próximamente la institución va a dictar una resolución de oficio sobre la recogida selectiva de residuos, con el fin de que los ayuntamientos tengan una ayuda para aplicar esos planes.
