La Conselleria de Educación presentó ayer el recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) que paraliza el decreto de plurilingüismo. Según fuentes del departamento de Vicent Marzà, la decisión se justifica porque «la Diputación de Alicante --pidió la paralización de la norma-- no está legitimada, al no ser competente en materia educativa». Además, argumenta que la discriminación a la que se alude «no existe, porque todos los centros pueden acreditar al alumnado».
Entre los razonamientos también se esgrime que no existen «daños irreparables y, por tanto, no existe justificación para adoptar medidas cautelares». «Educación infantil, donde se aplicará el decreto el próximo curso, es una etapa no obligatoria y hasta el curso 2023-2024 no comenzará a acreditarse al alumnado».
Escola Valenciana mostró su apoyo al plurilingüismo y ayer se personó contra la decisión del TSJCV. Según el presidente de la entidad, Vicent Moreno, las alegaciones de la Diputación de Alicante, gobernada por el PP, «no están fundamentadas en criterios pedagógicos y la paralización puede generar grandes disfunciones en el sistema educativo». Escola Valenciana se ha personado como parte interesada y legitimada ante «la alarma generada en la comunidad educativa».
CRÍTICAS
Desde el PP, la diputada María José Catalá reclamó al Consell que asuma que el periodo de recursos contra el decreto de plurilingüismo podría durar «mucho tiempo» y no podrá aplicarlo en este curso lectivo, y que deje que los menores se matriculen «con normalidad» durante el actual proceso de admisión. «Las leyes están por encima de todos», apuntó la dirigente, a la vez que pidió a Educación «aplicar el decreto anterior», del 2012.
