El real decreto ley que permitirá a las comunidades autónomas de régimen común (todas salvo el País Vasco y Navarra) y a los ayuntamientos disponer de más de 5.500 millones de euros, por las entregas a cuenta, fue aprobada casi por unanimidad de la Diputación Permanente. Todos los grupos votaron a favor de la convalidación, menos Bildu, que se abstuvo en esta maniobra que da a la Comunitat Valenciana 460,41 millones extra y un total anual de 9.433,26 millones, según datos de Servimedia.
La aprobación del decreto ley en el último trimestre del año y en precampaña conllevó duras críticas de la oposición, que acusó al Gobierno de «tirar la casa por la ventana» ante el nerviosismo electoral, si bien explicaron el voto a favor en la necesidad de acabar con el «secuestro de recursos» a comunidades (4.682 millones, les tocan en este reparto) y ayuntamientos (821).
Ante estos reproches, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que ante «la parálisis», el Gobierno dio respuestas «en el momento en que ha sido posible» y lo hizo de manera «responsable» y ante una situación «inédita» como es «la no aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado y la continuidad de un gobierno en funciones». Montero dejó claro que en ningún momento la actualización de entregas a cuenta está vinculada «a ningún chantaje como algunos quieren trasladar».
