En un mundo ideal de relaciones simétricas entre hombres y mujeres y de corresponsabilidad, la custodia compartida de los menores sería la solución idónea, pero ese escenario es hoy un «ente de ficción». Las palabras las pone Capitalina Díaz, catedrática de Sociología de la Universitat de València y coordinadora junto con la también socióloga y experta en género, Marcela Jabbaz, del libro Menores en disputa. Custodia. Visitas y?patria potestad en la Comunitat Valenciana. Este trabajo, encargado por la Generalitat en el marco del pacto valenciano contra la violencia de género, disecciona la realidad de los conflictos por la custodia compartida de menores, así como el impacto de la aplicación entre el 2011 y el 2017 de la ley valenciana que la estipuló como fórmula preferente en casos de desacuerdo. La norma, suspendida por el Constitucional por una cuestión competencial, trajo una subida sostenida de fallos a favor de la compartida hasta alcanzar una tasa del 42%, 12 puntos por encima de la media española. Este porcentaje sitúa a la valenciana como la tercera autonomía (detrás de Baleares y Cataluña) con mayor tasa.
La publicación, que aborda un asunto controvertido, incluye datos cuatitativos, pero su principal análisis es cualitativo (con revisión de sentencias y entrevistas a progenitores, operadores jurídicos y menores) para adentrarse en los entresijos de una justicia que, reflejo de la sociedad patriarcal, está carente de perspectiva de género. La obra cuenta con la participación de especialistas como Viktor Navarro (politólogo), Teresa Samper (socióloga) o Sonia Rodríguez (doctora en Derecho y experta en protección de menores y violencia de género) en un trabajo interdisciplinar.
El foco se pone en las separaciones litigiosas, es decir, aquellas en las que los progenitores ponen fin a su vida conyugal y dejan en manos de terceros la decisión sobre la custodia. Las autoras subrayan el hecho de que muchos procesos de divorcio esconden situaciones de violencia de género (muchas silenciadas) y, tras su investigación, concluyen que existe una falta de protección institucional a los menores, a pesar de que la ley establece que es el interés superior de las criaturas el que debe prevalecer. No solo las cifras confirman este escenario de vulnerabilidad.
Sin protección
El 91% de los casos en los que se constata violencia de género no lleva aparejada ninguna medida de protección a hijos. Y solo en un 3% se impide las visitas al padre. La vinculación de la violencia de género con las custodias compartidas (hombres maltratadores que usan a los menores para castigar a sus exparejas) es una de las cuestiones claves.
El estudio revela casos concretos de sentencias en las que se concedió la custodia compartida a pesar de que la ley lo prohíbe expresamente. El informe señala aquellos estereotipos de género que siguen operando en las resoluciones judiciales y cómo la capacidad del cuidado se juzga de forma distinta según el sexto del progenitor. El sistema judicial no tiene en cuenta si el padre ejerció las labores de cuidado desde el principio o se trata de una paternidad «sobrevenida» tras el divorcio. «Es suficiente con considerar que tienen capacidad potencial para el cuidado al margen de si lo han hecho o no, se les da una segunda oportunidad, mientras que se sigue considerando que las cuidadoras naturales son las madres», explica Marcela Jabbaz, quien señala que la custodia es un derecho subjetivo, pero el cuidado es un derecho de los menores y que tienen múltiples dimensiones. «La custodia debe ir de la mano del cuidado», apunta. No es lo que ocurre en los casos estudiados.?Solo uno de los divorciados con custodia compartida objeto de entrevista introdujo cambios en su vida (incluida la laboral) para poder adaptarse a las responsabilidades que conlleva la custodia. Los grandes, olvidados, son los menores.
Paternidad frustrada
Vicktor Navarro, que entrevistó a varios padres, descubre «seres sufrientes» que con el divorcio descubren «una paternidad frustrada», que no echaron de menos en la vida en pareja. Los testimonios reflejan hombres que no tiene problema en pagar para que terceras personas cuiden a su prole, pero se rebelan ante el hecho de que lo hagan la madres implique el pago de una pensión. Teresa Samper bucea en las narraciones de 17 mujeres para tratar de contrarrestar la idea socialmente aceptada de las ventajas de las féminas y las desventajas de ellos en los casos de divorcio. Samper explica cómo los estereotipos de género operan negativamente y cómo ellas pasan de ser ante el sistema judicial de «abnegadas madres a mentirosas y ambiciosas mujeres». Así, las acusaciones de denuncias falsas o de ejercer el síndorme de alienación parental (SAP) obligan a ellas a estar siempre defendiéndose ante la justicia. En contra existen situaciones no estereotipadas, «no anécdóticas», dice Samper, como los hombres que alteran su estatus laboral para influir en la determinación a la baja de los pagos por manutención o la capacidad de ellos para llorar y mentir en los tribunales.
Capitalina Díaz expone que la conclusión del trabajo es que en caso de conflicto no debería existir opción preferente, sino que debería haber un juicio integral. Son necesarios más recursos y profesionales, y situar al menor en el centro.
