La trama Azud, en la que se investigan supuestas mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de València por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias, pagó en efectivo --dinero negro-- más de 7,1 millones de euros en comisiones a cargos públicos. Así se desprende de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con fecha de abril de 2021, incorporado al procedimiento de Azud que se investiga en el Juzgado de Instrucción 13 de València.
En las conclusiones de este informe, se indica que el Grupo Axis, liderado por el empresario Jaime Febrer, habría desarrollado una dinámica de funcionamiento consistente en el pago de comisiones a diferentes cargos públicos para obtener decisiones favorables a sus intereses económicos.
Las «evidencias» señalan que estas prácticas se habrían desarrollado al menos entre los años 1999 y 2013, centrándose principalmente su ámbito de actuación en el Ayuntamiento de València.
No obstante, advierte la UCO, también se habrían desarrollado o pretendido este tipo de prácticas en otras administraciones, en concreto, en al menos tres ayuntamientos de la Comunitat Valenciana o a las empresas públicas Aguas de Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) o Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia (Aumsa).
Pagos a cargos públicos
En cuanto a los supuestos pagos efectuados por el Grupo Axis, tanto a diferentes cargos públicos como a una serie de personas relacionadas y a las que se presume capacidad sobre diversos trámites o procedimientos administrativos, la UCO ha identificado varias formas para materializarlos.
La primera es la suscripción de contratos supuestamente ficticios y vacíos de contenido que habrían posibilitado la generación de relaciones comerciales que, sobre un marco contractual con apariencia de legalidad, habrían posibilitado el pago de comisiones.
La segunda forma es la materialización de compraventas por un precio superior al real o de mercado, lo que habría supuesto un beneficio para los cargos públicos o personas relacionadas a los mismos; otra forma de pago es la materialización de regalos de diferente índole y valor que, a juicio policial, en muchos de los casos habrían excedido los usos sociales; o el pago de sumas en efectivo.
Para esta última forma de proceder, el pago de sumas de dinero en efectivo a diferentes cargos públicos o personas relacionadas, el Grupo Axis habría contado con una estructura personal y societaria que, a modo de apéndice y formalmente ajena al grupo empresarial, habría actuado al servicio del mismo, posibilitando la generación de importantes sumas de dinero en efectivo en el periodo investigado que se cifra en 7,1 millones de euros y que, supuestamente, habría tenido entre sus finalidades el pago de comisiones a diferentes cargos públicos.
El papel de Rubio
Dentro de este informe, la UCO dedica un apartado al exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exconcejal Rafael Rubio (PSPV). Advierte de que su principal vinculación con los hechos investigados deviene de la operación urbanística desarrollada por la mercantil MAI y el Ayuntamiento de València, básicamente consistente en la asunción por MAI de una deuda contraída por el Ayuntamiento de València a favor de terceros por un valor superior a 31 millones, recibiendo a cambio por parte de este Ayuntamiento, como contrapartida por la subrogación en el montante de esa deuda municipal, tres parcelas de uso residencial.
Asimismo, un informe de la UCO, de fecha de junio de 2021, informa a la instructora del resultado de los bloqueos de productos financieros en cuentas bancarias de los investigados, entre ellos, los de Rubio y su mujer; el exvicealcalde de València Alfonso Grau o el exjefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera. En un auto, la magistrada hace referencia al patrimonio de Rubio y la investogación por un delito de blanqueo de capitales.
Puig: «El PSOE tomará decisiones tras ver el sumario»
El president de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, aseguró ayer que el PSOE tomará «las decisiones que correspondan» y analizará «con profundidad» el ‘caso Azud’, después de que el levantamiento del mismo haya revelado nuevas posibles irregularidades entre 2004 y 2012 que afectan a exaltos cargos del partido. Puig señaló ayer que lo único que conoce es «a través de los medios de comunicación». No obstante, resaltó que se debe tener una «actitud reflexiva y respetuosa con la Justicia tanto en este, como en todos los casos» y que es en ese punto en el que se va «a mantener». «Vamos a analizar en profundidad todo el sumario», dijo.
