Ximo Puig se encontraba en Bolonia cuando María Jesús Montero desgranaba en la sede del Ministerio de Hacienda su plan de medidas fiscales. Más de mil kilómetros de distancia y, sin embargo, el nombre del president de la Generalitat sobrevoló las explicaciones de la responsable de las arcas públicas estatales. Tras dos días de críticas y malestar en el Ejecutivo central por la reforma tributaria anunciada por el jefe del Consell, el Gobierno de España asumió parte del discurso de Puig y bajará impuestos a las rentas bajas.
La propuesta planteada por Montero no es igual que la de Puig, hay diferencias notables, pero sí que lleva a cabo una cosa que parecía impensable hasta el inicio de esta semana en el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos: bajar impuestos. Lo admitió la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien aseguró que el debate de reducir el IRPF «no estaba encima de la mesa» hasta el martes, cuando Puig hizo su anuncio. Esa reforma rompió el discurso del Gobierno y el PP ahondó en esa contradicción.
El Ejecutivo central tenía previsto anunciar su plan de paquetes fiscales el jueves y se negoció hasta el último minuto entre los dos socios. La variante valenciana influyó en el debate interno. La presión, en vez de recaer en el Consell que defendió su competencia autonómica para hacer las modificaciones, afectó en Moncloa. Al final se incorporaron rebajas fiscales a las rentas de hasta 21.000 euros.
Marcando distancias
«No es una rebaja generalizada de impuestos», defendió Montero y marcando distancia de las medidas tomadas por «Andalucía y Madrid». No incluyó en estas a la Comunitat Valenciana a quien no mencionó, aunque sí que le dedicó mensajes velados. «Las comunidades no deben entrar en una carrera por bajar impuestos, pero cada uno tiene sus competencias constitucionales y las ejerce como considere», expresó la ministra de Hacienda.
Los cambios en el IRPF beneficiarán, por una parte, a los salarios de entre 14.000 y 15.000 euros al alzar en mil euros el mínimo exento para realizar la declaración. Por otra, se aumentará la reducción por rendimientos del trabajo a las rentas brutas de 18.000 a 21.000 euros. La medida no es igual que la planteada desde la Generalitat, sin embargo, a efectos prácticos, la reforma valenciana ha acabado marcando el camino de una parte de la estatal, con retoques en el impuesto de la renta con el objetivo de bajar la carga fiscal a las rentas más bajas.
A quiénes afecta y cómo van complementadas muestra pistas de hacia dónde se dirigen tanto el Consell como el Gobierno de España. Mientras Pedro Sánchez salió del debate del Estado de la nación con un giro a la izquierda, Puig termina el suyo mirando al centro. Y la política fiscal es el mejor reflejo: en uno las rentas van hasta las 60.000 por las 21.000 del Gobierno y en el Estado la reforma incorpora varias subidas de impuestos, especialmente a las grandes fortunas.
Y tras dos días de tensión, el anuncio de Montero trae la calma en el Palau. Desde Bolonia, Puig mostró su respaldo a las medidas con la escoba en la mano para barrer a su terreno. «Todo lo que sea apoyar a las personas y familias con menos recursos y con problemas económicos en estos momentos contará con la Comunitat Valenciana siempre», dijo, a lo que añadió, que eso que desgranó el Gobierno es «precisamente lo que hemos querido con nuestro ajuste fiscal».
