La Comunitat Valenciana recibirá el 9,4% de la inversión del Estado en 2023, según figura en la distribución territorializada que recoge el proyecto de ley de presupuestos que ha presentado esta mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunciaron el pasado miércoles el acuerdo de presupuestos al que ha llegado el gobierno de coalición.

La cifra es ligeramente superior a la del año pasado cuando el documento de los presupuestos incluyó un porcentaje del 9,3% de inversión en la Comunitat Valenciana. El Gobierno asegura que se cumple la cláusula del Estatut que obliga a invertir según el porcentaje de población, aunque el peso poblacional valenciano se sitúa en el 10,6% del conjunto de España.

La distribución territorial de la inversión real siempre ha generado una batalla política en la Comunitat Valenciana. Durante años este porcentaje se situó muy por debajo del peso poblacional valenciano, pero desde que el Congreso aprobó la modificación del Estatut d'Autonomia en 2018, los sucesivos gobiernos que Pedro Sánchez ha formado desde entonces han mantenido las inversiones en un porcentaje muy cercano al 10%. Aquella reforma del Estatut se aprobó a finales de 2018 y siete años después de que las Corts le dieran luz verde. La modificación se aprobó con los votos a favor de toda la cámara salvo de Ciudadanos, que se abstuvo, aunque en aquel momento Vox aún no tenía representación en la Cámara Baja.

Sin embargo, el gran problema de las inversiones en la Comunitat Valenciana no está tanto en la propuesta de inversión que se realiza en el proyecto de presupuestos por parte del Gobierno, sino en la ejecución de las obras que realiza el Estado posteriormente. Si la Comunitat Valenciana tiene un problema de infrafinanciación, admitido por todos los expertos que han tratado el tema, tiene también uno tan grave en forma de infraejecución, es decir que inversiones proyectadas acaban por eternizarse todos los años sin que se concreten en realidad, es decir aparecen presupuestadas pero al final del ejercicio no se ejecutan.

De los 13.443 millones de euros que el Gobierno de España prevé invertir en las autonomías, un total de 1.269 millones tendrían como destino la Comunitat Valenciana frente a los 1.208 del año pasado. Ello supone un aumento del 5,04%, un porcentaje que se sitúa por encima de lo que sube la media de todas las autonomías, que está en el 3,36%.

En el mismo detalle de la distribución de la inversión figuran otros 11.663 millones que no están regionalizados, es decir se trata de obras que afectan a más de una autonomía, por lo que es posible que en este capítulo figuren otras infraestructuras que aumentarían el porcentaje valenciana ya que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido durante la rueda de prensa en que se cumple la cláusula estatutaria.

Aunque luego la ejecución es otra cosa como ha quedado dicho, la tabla recoge datos como que la Comunidad de Madrid, que representa el 14,2 de la población española recibe el 9,7 de la inversión territorializada, aunque después acaba por recibir una ejecución superior a la media como se ha visto en los últimos meses. Por ejemplo en Castilla y León ocurre lo contrario ya que con el 4% de la población eleva los recursos que invertirá el Gobierno hasta el 7,1%.

Siguiendo con esta equivalencia, el País Vasco que representa el 4,6% de la población española recibe el 4,2% de la inversión; Cataluña, con el 16,3% alcanza según el documento del Gobierno el 17,2; Galicia, donde reside el 5,6 de la población, recibe fondos que suponen el 8%; Andalucía, con el 17,8 se queda en un porcentaje inversor del 17,2. Asturias del 2,1 poblacional pasa al 3,1% de fondos, Cantabria del 1,2 al 2,2 inversor; La Rioja del 0,6 al 0,5; Murcia del 3,2 al 3,6; Aragón del 2,8 al 4,1 de inversión; Castilla la Mancha del 4,3 al 4,5 en el reparto; Canarias del 4,5 de peso poblacional al 2,9 de fondos; Navarra del 1,3 al 0,8; Extremadura del 2,2 al 3,5; Baleares de un 2,4 al 1,4 en cuanto a la inversión territorializada, según los datos del Gobierno.