Era un gasto "oculto" que rompía la premisa de que todos los abortos hasta la semana 14 de gestación debían ser libres y gratuitos, según la ley. Y es que las mujeres que enviaba la Conselleria de Sanidad a una clínica privada a interrumpir sus embarazos (y son nueve de cada diez) tenían que poner de su bolsillo los 100 o 150 euros que cuesta una anestesia general si querían hacer el procedimiento sin ningún dolor. Solo estaba incluida la analgesia local.

La administración, después de que un par de clínicas privadas iniciaran una campaña para reclamar por lo que estaba sucediendo, ha dado ya la orden para revertir esta situación y, a partir de ahora, "las clínicas ya pueden enviar a Sanidad las facturas por estos conceptos", según ha asegurado a este diario la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro. Mientras se ultima el protocolo entre administración y las empresas que realizan las interrupciones de embarazos para actualizar los acuerdos y poner una cifra final para incluir este procedimiento en el pago.

Casi 5.000 abortos derivados, solo 683 se hicieron en hospitales públicos

No hay cifras oficiales de a cuántas valencianas afectaba este punto ciego del sistema pero, si se cruzan los números de abortos derivados de la Conselleria de Sanidad con la experiencia de las clínicas abortistas, han tenido que ser muchas. Según los datos de 2021, el año pasado 7.937 mujeres residentes en la C. Valenciana abortaron (se hicieron un total de 8.099 procedimientos).

De ellas, más de 5.600 mujeres que querían abortar antes de la decimocuarta semana acudieron a su centro de salud o a un centro de planificación público para iniciar el proceso y la gran mayoría (4.924 en concreto) acabaron siendo derivadas a una clínica privada. El 87 % de todas las que entraron en el sistema público. De hecho, en hospitales valencianos solo se asumieron 683 abortos del total.

Y, según los especialistas que dirigen estas clínicas, lo más habitual es que si hay posibilidad, las mujeres optaran por coger la anestesia general y no por la local, aunque por la primera opción tuvieran que pagar de su bolsillo. "La anestesia general la piden casi todas si no van por el método farmacológico", explicaba a este diario Ana Reyes Criado, de Clínica El Mar de València. Lo mismo pasaba en otras empresas como Mediterránea Médica o Clínica Deia. "Te diría que el 90 % lo piden y me quedo corto", explicaba Francisco Valero, director médico de esta última.

Con todo, hay que apuntar que no todas las clínicas privadas donde se realizan abortos en la C. Valenciana disponen de este servicio. Las hay que solo ofrecen la anestesia local, que sí estaba incluida. Además, en los casos en que los abortos se solicitaran rozando el límite legal (entre la semana 12 y la 14), el antiguo acuerdo entre administración y clínicas sí preveía el pago de esta anestesia general, porque la intervención ya es más dolorosa al ser el feto mayor.

Campaña desde las clínicas

La secretaría autonómica ha reaccionado para cubrir este agujero después de que fueran dos clínicas privadas las que alertaran de este vacío. Mediterrània Médica y Clínicas Deia Medica presentaron un escrito en febrero al respecto pero fue en septiembre cuando "se plantaron" iniciando una campaña de protesta para forzar un acuerdo con la administración: iban a facilitar las anestesias generales de forma gratuita a todas las mujeres derivadas desde la administración pública.

"Hemos soportado 45 procedimientos de nuestro bolsillo en estas semanas y en Clínica Deia Médica otros 27. Ha sido un esfuerzo pero nos congratulamos de que nos hayan escuchado", ha explicado Josep Carbonell, director de Mediterrània Médica.

Con todo, Carbonell recuerda que no se les ha escuchado en otra de sus reivindicaciones: la libre elección de clínica privada para esas 4.924 mujeres que el año pasado fueron derivadas para abortar desde la pública. Actualmente, la conselleria mantiene un sistema de reparto equitativo por el que manda a todas las clínicas más o menos la misma proporción de mujeres, en un intento de no dejar atrás a nadie. Esta forma de trabajar "anula el derecho que tienen las mujeres de elegir en qué centro abortar", apuntan los empresarios ya que hay clínicas que entre su cartera de servicios no incluyen, por ejemplo, la posibilidad de pedir anestesia general, por ejemplo.