El Gobierno del Botànic tiene un problema con su modelo energético. No es una novedad, pero la bronca interna de los últimos días lo hace más visible. El atasco en los proyectos de implantación de plantas solares de tamaño medio (la Comunitat Valenciana solo tiene competencias para instalaciones que no superen los 50 megavatios de potencia) viene de lejos, igual que su trasfondo ideológico. Este diario publicó una información ya sobre este hecho en marzo pasado. Lo relevante es que los decretos y medidas adoptadas para reducir esas trabas y agilizar los procesos no han surtido todo el efecto que se esperaba. Así, el Ejecutivo de PSPV, Compromís y Unides Podem llega a cinco meses de elecciones con 414 megavatios de energía solar desarrollados, lo que deja a la Comunitat Valenciana muy lejos del objetivo europeo de 6.000 en 2030 y entre las más retrasadas de España.
Lo visto este martes en la comisión de Industria refleja esta falta de proyecto definido, por mucho que el president de la Generalitat, Ximo Puig, se desgañite cuando puede recordando que la situación es de emergencia climática y que urge agilizar la implantación de la energía fotovoltaica. Lo que se vio muestra que la brecha entre los socios de la izquierda es profunda y que hay pocas posibilidades de acuerdo cuando ya pesa la presión electoral. Y lo que se vio indica que, sin consenso en el Gobierno sobre cómo (a qué ritmo y por cuántas ventanillas pasar) desarrollar las renovables, la energía nuclear continúa sin ser válida para la izquierda valenciana.
El conflicto se ha enconado además en las últimas semanas. Puig tenía una aliada cuando Mireia Mollà era la consellera de Transición Ecológica. Su última gran declaración antes de ser destituida por Compromís fue denunciar que otros departamentos no ponían el énfasis necesario para desarrollar la energía renovable. La primera declaración de su sucesora, Isaura Navarro, fue por otra vía (la prisa no es buena aliada, dijo) y vino a indicar la posición que ganaba en Compromís en este debate.
La idea de aumentar las garantías sobre la protección del paisaje y amplificar la voz de los ayuntamientos en la toma de decisión es la que se ha impuesto en la coalición. Es la que sobresale en la enmienda que ha acordado con Unides Podem y que el PSPV se niega a aceptar, a pesar de los compromisos anteriores, porque considera que aplicarla con efectos retroactivos supone cambiar las reglas del juego a mitad de la partida. Y porque a final de enero vence el plazo de un primer proceso dado por la UE y se teme que lleguen reclamaciones de promotores por responsabilidad patrimonial si no se han resuelto los expedientes.
Consellerías de Compromís
La cuestión es que los proyectos han de pasar por las conselleries de Economía, Transición Ecológica y Política Territorial. Dos de ellas están controladas por Compromís y en la tercera dominan el área clave de Paisaje y la secretaría autonómica.
Sin un modelo de renovables claro y compartido, y sin creer en la nuclear (como es tradicional en la izquierda), la pregunta es: ¿qué modelo energético tiene el Consell de izquierdas en tiempos de descarbonización?
La realidad es que los objetivos europeos quedan en este momento muy lejos, que las medidas paliativas no han funcionado y que el Botànic no da muestras estos días de poder llegar a un punto de consenso.
La derecha ahonda en la brecha del tripartito por las renovables
Se da la paradoja de que con un gobierno de izquierdas se aboca a la carbonización de la energía en la Comunitat Valenciana". La frase del diputado del PP, Felipe Carrasco, es el resumen con el que los partidos de la derecha han querido ahondar en la brecha del Botànic. La oposición ha visto en la disputa entre socios por las energías renovables (fruto de diferencias ideológicas dentro del Consell y de los malos datos en la puesta en marcha de estas plantas) una herida en la que hurgar y no ha desaprovechado la ocasión.
Una propuesta de Ciudadanos para pedir alargar la vida útil de la central de Cofrentes ha servido de base sobre la que cargar contra el Ejecutivo autonómico. "Auténtico fracaso", "hazmerreír de España", "atasco monumental" o "ineptitud" son algunos de los calificativos que han utilizado este martes en la Comisión de Industria de las Corts los parlamentarios de PP y Cs para hablar de la estrategia de desarrollo de las renovables en la Comunitat Valenciana en los últimos años.
La propuesta fue registrada en febrero, pero el calendario parlamentario se ha acabado alineando de tal manera que su debate se ha dado con la marea del choque entre PSPV, por una parte, y Compromís y Unides Podem por otra. Las turbulencias vienen de que los primeros rechazan unas enmiendas de los segundos y terceros para, a grandes rasgos, dar más poder de decisión a los ayuntamientos para aceptar proyectos y crear la Agencia Valenciana de la Energía. Estas propuestas, además, Compromís y Unides Podem dicen que ya se pactaron en mayo y que ahora el PSPV las incumple.
Ciudadanos, con los votos a favor de PP y Vox, ha defendido estudiar la prórroga de la central de Cofrentes que ahora está fijada para noviembre de 2030 y que los naranjas piden que se pueda estirar hasta 2045, 15 años más, después de que la Unión Europea le diera la etiqueta verde a esta forma de producción. Así, el diputado de Cs, Carlos Gracia, ha insistido en que la nuclear es hoy el 48 % de la energía que se consume en el territorio valenciano lo que, unido a que "las renovables no terminan de despegar", deja la prórroga de la nuclear como el "camino hacia la descarbonización".
Diego Aitor San José
