Trece años después de ser aprobada la ley en las Cortes Generales (en el año 2007) , la Diputación provincial autorizó ayer por unanimidad el primer Plan de Igualdad de Oportunidades de la institución. Una normativa que obliga a la corporación provincial a promover este objetivo de forma activa para eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo.
El documento, que tendrá un periodo de aplicación quinquenal, consta de 13 ejes e incluye 63 acciones que, según la vicepresidenta y responsable del área en la Diputación, Patricia Puerta, «serán de obligada aplicación en todos y cada uno de los ámbitos del desarrollo de actividad de una institución que vamos a poner en la vanguardia de las políticas de igualdad de oportunidades de mujeres y los hombres».
Durante la defensa del documento, Puerta aseguró que «lo importante ha sido el consenso de todas las fuerzas políticas para aprobarlo». Mientras, y a la hora de destacar la importancia del documento, el diputado de Compromís, Pau Ferrando, argumentó: «La pandemia que hemos sufrido nos ha recordado que con cada crisis empeoran las condiciones laborales y vitales de la mitad de la población, las mujeres». Por ello, Ferrando calificó el texto de «un primer paso e ineludible para erradicar las violencias estructurales y simbólicas que todavía hoy dificultan la autonomía y la igualdad de condiciones y de oportunidades por razón de género».
/ Y, en una misma línea argumental, el presidente Josep Martí leyó una declaración institucional para reafirmar el compromiso del ente provincial con la igualdad de género y la implementación de acciones para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Una decisión que se adopta a escasas fechas de la celebración del 25 de Noviembre, día de lucha contra esta lacra.
En el texto también se recoge la voluntad de la institución de combatir el negacionismo político de la existencia de la violencia contra la mujer, como están formulando formaciones como Vox.
AGROALIMENTARIO / Asimismo, la sesión corporativa mostró su respaldo al sector agroalimentario de la Comunitat. Lo hizo a través de una declaración institucional pactada por todos los grupos, en la que se solicita que el Gobierno de España defienda en Europa los intereses del sector, instando al ejecutivo español y la Comisión Europea (CE) a que actúen contra la competencia desleal en importaciones de productos procedentes de terceros países. También exigiendo tratamiento en frío y rigurosidad en las inspecciones en todos los puertos de la Unión, prohibiendo la entrada de la producción que haya sido tratada con plaguicidas prohibidos por la UE.
Además, se solicitó el aumento del presupuesto de la nueva Política Agraria Común (PAC) y que no disminuya a consecuencia del brexit, así como la adopción de acciones que ayuden a superar el veto ruso. Por otra parte, se instó a la instauración de planes de ayudas para la modernización de las explotaciones agrarias y las industrias agroalimentarias y a la aportación de más presupuesto para luchar contra las plagas.
El equipo de gobierno dio cuenta del grado de ejecución del presupuesto de 2020 en el tercer trimestre, en el que se ha cumplido el objetivo de estabilidad exigido por el Plan Económico y Financiero (PEF) que la institución se vio obligada a aprobar «tras los incumplimientos del anterior ejecutivo provincial con la regla de gasto» instaurada durante el mandato del presidente Rajoy.
