El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decidió ayer investigar a 12 miembros de la familia Botín, entre ellos al presidente de esta entidad, Emilio, por un presunto fraude fiscal y falsedad documental, porque la Agencia Tributaria no ha sido capaz de comprobar si han regularizado de "forma completa y veraz" el dinero que tenían ingresado en el HBSC Private Bank Suisse. La supuesta deuda con la Hacienda pública corresponde a los ejercicios del 2005 al 2009. La familia Botín aseguró ayer en un comunicado que ya había pagado al erario 200 millones de euros, por lo que exige el archivo de las diligencias.
El magistrado explica, en una resolución de 14 folios, que la Agencia Tributaria fue informada por sus colegas en Francia de la existencia de unas cuentas opacas en Suiza el 24 de mayo del 2010 en el HBSC. Entre estos clientes figuraban Emilio Botín, su hermano, Jaime, y los hijos de ambos (cinco cada uno).
La familia explica que estos fondos fueron depositados en Suiza por el patriarca de la saga, Emilio Botín, quien huyó al extranjero en 1936 y colocó "una parte significativa del patrimonio familiar" en Suiza. Emilio Botín padre murió en 1993.
LOS FONDOS Estos fondos fueron distribuidos en trust, fundaciones y otras figuras fiduciarias. Y se dividieron en tres bloques: uno común, constituido principalmente por el 12% del capital social de Bankinter y que se atribuye a los nietos, y otros dos bloques, que se asignan en plena propiedad a dos sociedades a Emilio y Jaime Botín, según la resolución del juez Andreu.
La Agencia Tributaria pidió a los Botín que regularizaran estas cuentas en junio del 2010. Sin embargo, Hacienda ha reconocido "su incapacidad para poder realizar tal comprobación por la ingente documentación" presentada por la familia Botín. Por ello, optó por poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción estos hechos. Y Anticorrupción decidió presentar una denuncia ante el juez Andreu por la inminente prescripción de estas conductas, a finales de mes.
El magistrado de la Audiencia justifica la admisión a trámite de la denuncia "dada su entidad, gravedad y complejidad". El juez admite que la iniciativa del erario público es "una denuncia interpuesta, a prevención de comprobar si las declaraciones complementarias son o no correctas". Y confirma que, si la regularización realizada por la familia Botín se comprueba que "es adecuada a la normativa tributaria", cerrará este caso concreto.
Andreu ha nombrado a dos peritos de la delegación central de grandes contribuyentes para que verifiquen la regularización de la familia Botín, ya que, al no haberlo hecho la Administración, debe intervenir la justicia, según explica el magistrado. Además, el juez ha ofrecido al Estado participar en este caso.
La familia Botín aseguró ayer jueves que "está al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias".
