Jesús Caldera, exministro de Trabajo y diputado socialista, se esforzó ayer en decir que una cosa no tenía que ver con la otra. Que habían dado a conocer su informe en ese momento porque ahora comienza la discusión parlamentaria de la reforma laboral. Pero todo lo que hacen los partidos tiene cierta intención política, y la presentación --ayer, dos días antes de la huelga general-- de su carga más completa contra la modificación pretende, entre otras cosas, calentar el paro.
La reforma es la piedra de toque de la labor opositora de los socialistas. Han anunciado una enmienda a la totalidad y un recurso de inconstitucionalidad. La han criticado en cada uno de sus mítines andaluces y asturianos; de hecho, consideran que parte del resultado electoral, más beneficioso para el partido de lo previsto, se explica por esta medida, que tachan de "injusta" y "descabellada". Y ayer, a través de un informe que busca desmontar las bondades que el Gobierno atribuye al nuevo marco, dieron una nueva vuelta de tuerca a esta estrategia. El documento, elaborado por la Fundación Ideas, el think tank del PSOE, ofrece muchas cifras, pero las más rotundas son estas: la nueva ley destruirá entre 103.000 y 172.000 empleos más de los 635.000 ya previstos por el Gobierno, por lo que podrían perderse hasta 800.000 puestos de trabajo este año en España.
"Ojalá nos equivocáramos y esto no ocurriera. Pero va a ocurrir", señaló Caldera, vicepresidente del organismo, que dibujó un desolador panorama asociado a la reforma. No crea empleo, dijo, sino que "facilita el despido". Empeora la productividad. Desequilibra las relaciones laborales a favor de la empresa. Y al conllevar más paro, apuntó, "tendrá efectos muy negativos sobre el déficit", que podría desviarse hasta el 5,6% del PIB, lo que obligaría a un ajuste de 38.000 millones de euros, 3.500 millones más de los previstos.
La intervención de Caldera estuvo plagada de motivos para ir a la huelga, pero esta obliga al PSOE a hacer equilibrios. La directriz es que sus dirigentes no secunden el paro, pero no todos van a seguirla. La diputada Isabel López Chamosa, del PSC, no piensa ir al Congreso. Tampoco acudirán a la Diputación de Palencia los miembros del PSOE. Los parlamentarios extremeños estudian hacer lo mismo. Y no está decidido si los representantes de la Cámara baja donarán el sueldo de un día como forma de apoyo a un paro que, para el jefe del Ejecutivo, no servirá de nada.
La defensa
En Seúl, tras reunirse con su homólogo estadounidense, Barack Obama, el presidente español, Mariano Rajoy, dijo: "Los sindicatos tienen derecho a hacer la huelga. Pero el Gobierno hace lo que tiene que hacer, que es gobernar".
