Roberto López Abad, que precedió en el cargo a Amorós, se negó a responder a la comisión, pero leyó una declaración en la que aseguró que la toma de decisiones tenía "niveles de transparencia muy altos". Respaldó, además, a Amorós, al decir que la exposición al riesgo inmobiliario nunca fue superior "a la media del sector". Daniel Gil, director adjunto de proyectos inmobiliarios, se negó a declarar, al alegar que está imputado en una causa judicial.
En su primera y única intervención, López Abad, licenciado en Ciencias Económicas, explicó que la CAM ha sido la única empresa en la que ha desarrollado su carrera profesional y en ella ha ocupado "prácticamente todos los puestos de responsabilidad que en una entidad financiera como ésta se pueden ocupar". Asimismo, subrayó que el esquema de toma de decisiones estaba "perfectamente estructurado" y que "el nivel de transparencia de la entidad ha seguido estándares muy altos en comparación con el sector" Asseguró que el esquema de comportamiento de la caja ha sido "altamente positivo"
Destacó que existían en la caja "todos los órganos que están previstos en la ley", así como comisiones delegadas del consejo de administración para cada uno de los territorios "históricos" de la caja, como son Alicante, Murcia y Valencia. Del mismo modo, destacó que la entidad "siempre ha contado con el asesoramiento de las primeras firmas nacionales e internacionales en las materias correspondientes".
El exmiembro del consejo de dirección de la CAM Daniel Gil --imputado por el juez que investiga las supuestas ilegalidades en el diseño del PGOU de Alicante relacionadas con el caso Brugal-- acudió a la comisión de investigación de la CAM, pero alegó tener "derecho a no declarar" para que no le genere "perjuicio" en el procedimiento judicial.
