Una nueva sombra se cierne sobre los sufridos dueños de las participaciones preferentes de la banca. El Gobierno central reconoció ayer que una de las condiciones que la Comisión Europea suele imponer a las entidades que reciben su ayuda es que los accionistas y quienes tienen títulos similares asuman "parte de los costes" del rescate. Es decir, que pierdan toda o una parte de su inversión, lo que se conocer como una quita.
"En las preferentes, que han sido colocadas a clientes minoristas, entiendo que la Comisión tendrá sensibilidad, pero tendremos que ir negociándolo", adelantó Fernando Jiménez Latorre, secretario de Estado de Economía. Fuentes de su ministerio confirmaron que el Ejecutivo trata de que Bruselas no valore estos títulos a precios de mercado (están muy por debajo del valor inicial), ya que los inversores no sabían en su gran mayoría que estaban contratando un producto de alto riesgo.
Muchas entidades (las más sólidas) están ofreciendo a sus clientes cambiar las preferentes por otros productos más seguros, como acciones. El mayor problema se concentra en las nacionalizadas (Bankia, Catalunya Banc, Nova Galicia Banco y Banco de Valencia), cuya difícil situación les complica ofrecer un canje atractivo. En estas es en las que el Ministerio de Economía hace más hincapié en sus conversaciones con la Comisión.
RETRASO En un curso de la Universidad Menéndez Pelayo y la APIE, Latorre también reveló que la recapitalización de las nacionalizadas tardará "tres o cuatro meses como máximo", pese a que la semana pasada Economía aseguró que la inyección de capital sería mucho más rápida. El retraso se debe a que la Comisión deberá aprobar las condiciones de reestrucutración que impondrá a estas entidades. Con todo, el secretario de Estado aseguró que Bruselas cuenta con instrumentos de liquidez para inyectar recursos transitorios a estas entidades si son "necesarios" de forma urgente.
BFA, la matriz de Bankia, contaba con recibir 19.000 millones este mes, de los que 12.000 millones irían a parar al banco cotizado en octubre. Las fuentes de Economía apuntaron que parte de ese dinero se podría inyectar al grupo antes de cuatro meses si es necesario, pero subrayaron que lo "importante es el compromiso" público de aportar el dinero, no el momento de desembolsarlo, una valoración que hicieron extensible a las otras tres entidades nacionalizadas.
En el mismo foro, Mario Fernández, presidente de Kutxa Bank, aplaudió que se haya aplazado la subasta de Catalunya Banc y apuntó que su grupo volverá a analizar optar a su compra si sale a la venta antes de final de año. Por su parte, Ángel Cano, consejero delegado del BBVA, también reclamó que no haya ventajas competitivas para las nacionalizadas.
