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Negociaciones laborales

Gobierno y sindicatos aceleran para cambiar la reforma laboral

El Ejecutivo de Pedro Sánchez confía en lograr que la patronal acabe apoyando las iniciativas. El Ministerio de Trabajo prevé aprobar medidas por real decreto este mismo mes o el que viene

Gobierno y sindicatos aceleran para cambiar la reforma laboral

El Gobierno y CCOO y UGT aceleran en las negociaciones para derogar los principales aspectos de las reformas laborales del PP. En una reunión de la Mesa de Diálogo Social mantenida el miércoles, el Gobierno se comprometió a reformar por la vía del real decreto el concepto de la ultraactividad y la obligatoriedad del registro de jornada, cuestiones que podrían aprobarse como mucho en enero. Las centrales vendieron los pactos de la que posiblemente acabe siendo la última reunión a tres bandas del año como un acuerdo. «Tenemos el compromiso firme de la ministra», afirmaron fuentes sindicales. Por su parte, el Gobierno rebaja la contundencia sindical y reitera que las mesas de diálogo social «siguen trabajando» para poder acabar sumando al acuerdo a las patronales. La CEOE reaccionó en un comunicado en el que manifestó su «sorpresa, indignación y preocupación» ante las informaciones.

Fuentes sindicales reconocen que no existe documento alguno que rubrique el compromiso del Gobierno. También temen que, al no haber una propuesta final firmada por las partes, los proyectos que acabe presentado el PSOE en el Congreso rebajen lo consensuado con ellos. Si eso pasara amenazan con movilizaciones en las calles.

No obstante, cuente o no con el apoyo de última hora del tándem CEOE y Cepyme, el Gobierno está dispuesto a aprobar la vuelta a la ultraactividad de los convenios. Este aspecto refuerza la negociación colectiva, ya que permite que una vez vence un convenio, la empresa no pueda aplicar unilateralmente el acuerdo laboral sectorial sin renegociar con los sindicatos. Fuentes sindicales han trasladado que el borrador final de la reforma de la ultraactividad reubica la legislación en la misma situación que antes de la reforma del 2012.

Otro de los aspectos que cuentan con claro rechazo patronal pero que el Gobierno, apoyado por los sindicatos, está dispuesto a implementar es la obligatoriedad del registro de la jornada laboral. Ello pretende frenar el exceso de horas extras y el impago de algunas de ellas.

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