Bruselas asigna 21.300 millones a España para sufragar los ERTE

L a Comisión Europea asignó ayer a España un préstamo de 21.300 millones de euros para costear las principales medidas del escudo social contra el desempleo causado por la crisis del covid-19. Una bola de oxígeno para financiar políticas como los ERTE o las prestaciones extraordinarias para los trabajadores autónomos. España será el segundo estado miembro que más se beneficie del fondo conocido como SURE, por sus siglas en inglés. Solo por detrás de Italia, con 27.400 millones, según el planteamiento concretado ayer por la Comisión y que ahora debe ser debatido y rubricado por el Consejo Europeo. En esta primera entrega, el montón total de los préstamos del SURE asciende a 81.400 millones, pudiendo llegar después hasta los 100.000.

El pasado 3 de agosto, España solicitó acogerse al fondo SURE por un montante superior a 20.000 millones de euros. Finalmente, la Comisión ha abierto la mano a 21.300 millones, después de constatar que el gasto público subirá este año en unos 23.803 millones de euros debido a las medidas nacionales adoptadas para abordar los efectos socioeconómicos del covid-19. España, como el resto de países beneficiarios, dispondrá de 18 meses para utilizar la línea de crédito.

Los 21.300 millones del fondo SURE otorgados por Bruselas no constituyen un ingreso a fondo perdido. Es un dinero que tendrá que ser devuelto, pero España logra dos ventajas. En primer lugar, el Tesoro se ahorra tener que pedir al mercado esta cantidad, que se la va a prestar directamente la CE. En segundo lugar, las condiciones serán más ventajosas, pues la UE cuenta con un mejor rating que España.

La inyección de liquidez aprobada por Bruselas viene a apuntalar el despliegue de recursos llevado a cabo desde el mes de marzo por los Estados europeos con el objetivo de proteger rentas ante la parálisis económica. La cantidad asignada desde Europa equivale más o menos al desembolso que ha realizado España hasta ahora para poner en marcha el mecanismo de los ERTE. La barrera más extendida para blindar la cadena de pagos durante los meses de mayor parálisis de la economía acumula un coste aproximado de 20.000 millones de euros, entre las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social para las empresas y las prestaciones por desempleo para los trabajadores afectados asumidas por el SEPE, según cálculos de los diferentes departamentos del propio Ejecutivo español.

El préstamo europeo también servirá para financiar la prestación por incapacidad temporal para personas que hayan estado de baja como consecuencia del covid-19 o el apoyo a trabajadores fijos discontinuos, en particular del sector turístico.

En los meses de mayor parón –abril y mayo– cerca de 3,4 millones de trabajadores se vieron afectados por un expediente de suspensión. Según los últimos datos oficiales, la tercera semana de agosto un total de 843.000 trabajadores continuaban afectados por expedientes. A los ERTE cabe sumar las prestaciones para casi un millón de nuevos parados, los cerca de 1,5 millones de trabajadores autónomos que hasta junio se beneficiaron de la prestación especial por cese de actividad o los subsidios para trabajadoras del hogar.

Una nueva prórroga de los ERTE comenzará a negociarse formalmente el próximo 4 de septiembre y la patronal pide alargarla hasta primavera. Los agentes sociales también ultiman junto al Gobierno los últimos flecos de un nuevo subsidio para 550.000 personas en paro que se hayan quedado sin prestación o subsidio durante la pandemia. Pendiente de los últimos detalles, fuentes conocedoras de las conversaciones apuntaron a que esta nueva ayuda podría ser aprobada en el Consejo de Ministros del próximo 1 de septiembre. H