El Gobierno avisa del plan de Feijóo de alargar las nucleares: "Que explique quién lo pagará"

La energía nuclear entra de lleno en la campaña electoral. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este lunes que su plan energético contempla alargar la vida de las centrales nucleares españolas, cuyo cierre está programado de manera escalonada entre 2027 y 2035.

La posición de los populares de prolongar la vida útil de los reactores ya era conocida: la ha venido defendiendo abiertamente durante la legislatura y la incluyó hace un año en su programa de propuestas para hacer frente a la crisis energética. Y la postura del Gobierno de Pedro Sánchez también ha sido inamovible desde su llegada a Moncloa: defiende sin fisuras mantener el calendario de cierres de las plantas.

La confirmación por parte de Feijóo de que el programa económico del PP incluirá posponer los desmantelamientos de las nucleares, prometiendo que así se evitará una "subida exponencial" del precio de la energía, ha alentado el choque directo con el Gobierno: el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya han criticado el plan de los populares y alertan de que tendrá justo el efecto contrario que anticipa el líder del PP.

"La pregunta que no responde el Partido Popular es quién va a pagar eso: los ciudadanos o el Estado. En el largo plazo el coste de producir electricidad de la energía es mucho más caro que el de las renovables. Tendrán que explicar quién lo va a pagar", subrayó Sánchez en una entrevista con la Cadena SER. "¿Prorrogar las nucleares? ¿A qué coste?¿Quién lo paga? ¿Quién se hace cargo de las centrales viejas y quién se hace cargo de los residuos? Falta mucho por explicar", abundó Ribera en un vídeo colgado en sus redes sociales.

Previsiones enfrentadas

Mientras que Feijóo defiende que mantener las nucleares permitirá contener el precio de la electricidad y evitará la fuga de industrias a otros países, desde el Gobierno el diagnóstico pasa por que es el despliegue masivo de renovables el que permitirá alcanzar esos dos objetivos. "Es justo lo contrario" al análisis del PP, contrapuso Ribera. "Son precisamente las renovables las que nos permiten contar con un precio estable y asequible. Yo creo que es mejor hacer números y pensárselo bien antes de decir cosas que no son más que un eslogan".

"Nuestro país está recibiendo mucha inversión extranjera y es conocido en todo el mundo por hacer una apuesta inequívoca por las energías que son financieramente competitivas, el sol y el viento", sentenció Sánchez. "Está por ver que el señor Feijóo haga una propuesta energética vinculada con la transición energética. Es un drama que la derecha española no sea como la derecha alemana, que ve en la transición energética una fuente de oportunidad para reindustrializar nuestro país y de convertir España en una referencia contra el cambio climático y con una energía [producida por renovables] que es mucho más competitividad para la industria, las empresas y las familias".

Las nucleares advierten

Las grandes eléctricas propietarias de las centrales (Endesa, IberdrolaNaturgy y EDP) pactaron en 2019 con Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los residuos radiactivos, el cierre progresivo de todas las centrales nucleares que conducirá al apagón atómico total en el país en 2035. Ésa es la hoja de ruta que defiende el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ya ha anticipado que en la próxima revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que establece con qué tecnologías se producirá la electricidad hasta 2030, no hay posibilidad alguna de que incluya un cambio en el calendario.

Dado que los cierres arrancan en 2027, será al siguiente Gobierno que salga de las próximas elecciones generales previstas para diciembre al que le tocará decidir sobre un aplazamiento de las primeras clausuras. Las propias nucleares confirman que alargar la vida de los reactores mucho más de lo previsto es técnicamente posible y viable desde el punto de vista de seguridad, pero ponen como condición para seguir funcionando que se les garantice una rentabilidad razonable de su actividad.

"Podemos funcionar más si alguien así lo decide, pero antes nos tenemos que sentar a hablar (…) Si el sistema eléctrico nos va a necesitar, no puede ser perdiendo dinero", apuntaba hace unas semanas Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, la patronal que agrupa a las eléctricas propietarias de las centrales y las empresas industriales del sector. "La política energética depende del Gobierno. Si nos piden seguir funcionando tiene que ser con una rentabilidad razonable como tienen otras tecnologías" de producción eléctrica, en referencia singularmente a parte de las renovables o a la cogeneración, que participan de un mecanismo que asegura una retribución que cubre sus costes y una rentabilidad mínima prefijada.

Foro Nuclear no se moja de momento y no hace pública una propuesta concreta sobre qué fórmula utilizar para garantizar esa rentabilidad razonable. "Se puede buscar de muchas formas", dice el presidente de la patronal, que sí menciona como opciones factibles la aplicación de contratos a largo plazo con el propio sistema eléctrico que marquen precios estables (que hace que el sistema compense a las eléctricas si el precio del mercado es menor al pactado y que las nucleares devuelvan el excedente si la cotización está por encima) o mediante un mecanismo de pagos por capacidad, que implicaría que se compensa a las centrales con una retribución específica por estar siempre disponibles y dar estabilidad a la producción eléctrica.

Decisión en 2024

En paralelo, el sector nuclear mantiene una de sus reclamaciones tradicionales para asegurar la sostenibilidad de su negocio: una rebaja de los impuestos y las tasas que se aplican a la actividad de las centrales. "Tenemos un marco regulador lesivo", sentenciaba Araluce. "Los impuestos y la tasa de Enresa [que se paga para financiar el desmantelamiento y gestión de los residuos radiactivos] son el mayor gasto que soportan las centrales. Ni el combustible, ni los costes laborales de la plantilla, ni las subcontratas y proveedores… son los impuestos y las tasas". El sector cifra en 25 euros por megavatio hora (MWh) de electricidad producida el coste de las cargas fiscales de las nucleares.

Desde el sector nuclear también se advierte de que los plazos para decidir si se revisa el calendario de cierres de las centrales, en cualquier caso, no son ilimitados y si se quiere retrasar las primeras clausuras la decisión no puede demorarse. Y es que para posponer los primeras clausuras, singularmente la de Almaraz I en 2027, hay que tomar una decisión este año o el próximo como muy tarde.

El proceso previo de planificación de inversiones y recursos necesarios y el procedimiento de estudio y de preparación para la prolongación del permiso de explotación de cada central nuclear requiere un plazo de unos tres años. Así que evitar el primer cierre de un reactor previsto para 2027 exige adoptar una decisión el próximo año a más tardar. El cierre gradual y escalonado de los siete reactores españoles acordado en 2019 con las grandes eléctricas contempla que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035.