La Abogacía General del Estado establece que los datos aportados por la subdirección informática de Presidencia del Gobierno son "manifiestamente insuficientes" para determinar la naturaleza de los documentos destruidos por el Gabinete de José María Aznar antes de dejar la Moncloa.
En el informe elaborado al respecto por los servicios jurídicos del Estado y al que tuvo acceso Europa Press, se recomienda, no obstante, que se paguen los gastos derivados del proceso de destrucción de documentación.
El citado informe fue elaborado a petición del actual director del gabinete de la Presidencia, José Enrique Serrano, para conocer los trámites a seguir ante una serie de operaciones de destrucción de documentos y de borrado de los sistemas informáticos "realizadas en fecha inmediatamente anteriores a la toma de posesión" del nuevo Ejecutivo. Después, el grupo parlamentario de IU-IC lo solicitó.
El equipo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero consultaba sobre dos aspectos concretos: el hecho del borrado en sí mismo, con la posible desaparición de documentos oficiales de la Administración, y las facturas que han sido presentadas por algunas empresas. El informe resalta que el examen de la documentación enviada no permite llegar a una idea "ni siquiera aproximada" sobre el contenido de los documentos.
