A 47 kilómetros de Madrid por la carretera que va a Barcelona está Azuqueca de Henares. A las afueras de esa población, en una de las naves del Polígono Industrial Miralcampo, duermen el sueño de los justos los cuatro millones de firmas contra el Estatuto o a favor de España, o las dos cosas, que el PP ha tardado cuatro meses en recopilar. El PP las llevó al Congreso el 25 de abril guardadas en tantas cajas que necesitó para su transporte 22 palés y 10 furgonetas. Tal cual fueron descargadas en la Carrera de San Jerónimo y tal cual fueron conducidas al citado almacén. Nadie las abrió. Nadie sabe a ciencia cierta lo que contienen. Nadie comprobó las firmas. Ningún fedatario público puede asegurar sin temor a equivocarse que son las rúbricas de otros tantos millones de españoles. De hecho, hay quienes aseguran haber firmado "en nombre de Pipi Langstrumpf", como Rosa Reg s. Esa es la validez jurídica que tienen las firmas en las que Mariano Rajoy se apoyó ayer para defender en las Cortes un referendo en toda España destinado a reafirmar la unidad nacional.
Como si desconociera que se encuentran acumulando polvo en Azuqueca de Henares (la proposición no de ley solo requiere para ser admitida la firma del portavoz, y ese requisito sí lo cumplía), el líder del PP se indignó por la rapidez con la que los otros siete grupos ventilaron una cuestión con tal respaldo con un rotundo no. También se quejó de la escasa "altura" de los contendientes. Quería batirse en duelo verbal con José Luis Rodríguez Zapatero, pero este ni asistió.
Concluido el debate sobre el referendo imposible, el pleno continuó con el orden del día previsto. ERC remató la tarde pidiendo al Gobierno que convierta en delito la discriminación a los transexuales.
