Mientras en el Congreso se debatía sobre el inicio de un diálogo sobre el futuro de Euskadi, en la Audiencia Nacional se decidía el futuro de algunos de los interlocutores de ese eventual diálogo. Se trata de Arnaldo Otegi y otros siete dirigentes de Batasuna, que estaban citados a declarar por participar en actos públicos en nombre de este partido ilegalizado. El juez decidirá hoy si les envía a prisión, aunque la fiscalía cree que no se debe modificar su actual situación de libertad bajo fianza.

Para el fiscal jefe, Jesús Santos, ni los actos de presentación de la mesa nacional y de la comisión negociadora de Batasuna para una futura mesa de partidos, ni las advertencias lanzadas por Joseba Permach insinuando que se bloquearía el proceso de paz si él o el resto de los aberzales eran encarcelados son motivo suficiente para solicitar que entren en prisión o la eludan bajo fianza. Por ello, no solicitó que se celebre hoy la vistilla en la que el juez Fernando Grande-Marlaska decidirá si les envía a la cárcel.

La acusación particular, ejercida por la Asociación Víctimas del Terrorismo y por Dignidad y Justicia, sí solicitó al juez que se celebre la vistilla y anunció que pedirá prisión para los ocho imputados. Ayer estaban citados cuatro de ellos: Otegi, Rufino Etxebarria, Jon Gorrotxategi y Karmelo Landa, que llegaron a la Audiencia hacia las cuatro de la tarde, una hora antes de la convocatoria, por lo que lograron evitar los insultos de unos 80 ultraderechistas que el resto de la tarde estuvieron gritando "asesinos" e insultos similares a los aberzales. Tanto es así, que el juez suspendió media hora los interrogatorios. Los procesados se negaron a declarar. Al salir, hacia las ocho y media, recibieron los insultos de los exaltados.

Hoy declararán Juan Cruz Aldasoro, Pernando Barrena, Joseba Álvarez y Joseba Permach, que fue quien advirtió al juez de que su mano dura podía dar al traste con el proceso de paz. No se sabrá si alguno ingresa en prisión hasta entrada la noche.

En un principio, los dirigentes aberzales habían sido citados a declarar por la presentación de la nueva mesa nacional de Batasuna el pasado marzo. El fiscal sí solicitó entonces esa comparecencia. Ayer, sin embargo, consideró que no es suficiente para pedir medidas cautelares y no solicitó ampliar su imputación por los actos en los que han seguido participando.

Fue el juez, a instancias de las acusaciones particulares, quien no solo amplió la imputación, sino que apreció también un delito de amenaza terrorista por unas declaraciones en las que los aberzales advirtieron que la actuación de los tribunales podía bloquear el proceso de paz.

REITERACIÓN DELICTIVA La situación del portavoz de Batasuna es la más delicada. Como el resto, Otegi está procesado en la causa que se sigue contra la fuerza aberzale por colaboración con ETA. Dado que, a pesar de su situación judicial, sigue actuando en nombre del partido ilegalizado, ha ingresado en prisión en dos ocasiones. En la primera, en mayo del 2005, permaneció recluido cuatro días, antes de abonar 400.000 euros de fianza. En la segunda, tras el anuncio de alto el fuego permanente de ETA, ingresó en prisión por espacio de 10 días, hasta que reunió los 250.000 euros de fianza impuestos por el juez.

Hasta ahora, el juez Grande-Marlaska no ha dado muestras de dejarse influir por la nueva situación en el País Vasco. Por lo tanto, es probable que aumente la fianza o directamente decrete prisión incondicional para Otegi --y algún otro imputado-- dado que si la vez anterior apreció reiteración delictiva, al seguir actuando de portavoz de Batasuna el juez puede considerar probadas sus tesis.

La presión judicial podría relajarse con el regreso en julio del juez Baltasar Garzón a la Audiencia, donde asumirá el sumario. El magistrado cree que la justicia debe valorar la nueva realidad en Euskadi.