La propuesta del Gobierno incluye un punto que recuerda la reivindicación que CiU puso este verano sobre la mesa, cuando Duran Lleida propició el debate a raíz de la posibilidad de que los inmigrantes tuvieran derecho al voto en las próximas elecciones municipales. La federación catalana pidió que el Estado pudiera exigir a los extranjeros que pidan la regularización el respeto y el conocimiento de los valores y de la cultura de la sociedad que les acoge.
El Gobierno recoge esa idea, aunque no concreta cómo se comprobará, ni tampoco si será un requisito para la obtención de la residencia de larga duración, pero indica que "los inmigrantes deben aceptar el marco legal y constitucional y las normas que rigen la convivencia cotidiana". A cambio, establece que los poderes públicos promuevan el conocimiento de esas normas y valores, y garanticen el respeto a los usos y costumbres de los inmigrantes.
El Gobierno se compromete a respaldar "con más medios" a las comunidades autónomas para que desarrollen las políticas de acogida e integración, tal y como se establece en los nuevos estatutos de autonomía.
