Si en España rigiese la ley electoral japonesa, Alfredo Pérez Rubalcaba podría haberse pensado dos veces la posibilidad, planteada por algunos barones socialistas, de anticipar el congreso del PSOE y asaltar la secretaría general. De haberlo conseguido, siguiendo en el contexto nipón, ahora sería presidente del Gobierno, sin esperar el dictamen de las urnas. En Japón, por tradición, el primer ministro es el líder de la fuerza más votada, ya que el cargo no se somete a sufragio universal, sino que es elegido por el Parlamento. Y si dimite como cabeza del partido, su sucesor también hereda la jefatura del Gobierno.
Así de peculiar puede ser una ley electoral, que no se reduce a una fórmula para transformar los votos en escaños, sino que determina la participación ciudadana en las decisiones políticas.
La reforma de la norma, para garantizar un sistema representativo, es una de las reivindicaciones que han coreado en la calle los indignados del 15-M. Su eco ha llegado al Congreso, que ayer aprobó por unanimidad una reforma de la ley que permitirá la publicación, el 8 de septiembre, del patrimonio de los diputados y senadores a través de las páginas web de las dos cámaras, informa Efe.
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo ayer un llamamiento a responder al movimiento del 15-M defiendo la democracia parlamentaria. "A los indignados no hay que demonizarlos, pero tampoco hay que regalarles los oídos", puntualizó.
El PP se ha abierto a reformas en autonomías donde gobierna con holgura. Los populares han visto, por ejemplo, cómo la ley electoral les ha pasado factura en Canarias. El 22-M, el PP ganó las autonómicas en las islas, pero un acuerdo de CC y el PSOE le ha dejado fuera del Gobierno. "Hemos obtenido un 30% más de votos que la segunda fuerza política. Sin embargo, como consecuencia de una ley electoral injusta tenemos el mismo número
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