La familia real británica se financia con fondos públicos y privados. El Parlamento británico pone a disposición de la reina Isabel II una asignación de 41,5 millones de libras esterlinas (49 millones de euros), según los datos del año financiero 2008/9. Ese dinero del erario público está destinado a pagar los salarios del personal al servicio de la soberana y los gastos de sus palacios.

La cifra es un tanto engañosa porque no contempla otros elevados desembolsos por parte del Estado, como es la seguridad de la reina y de varios miembros de la familia real. La estimación del coste de esa protección, que lleva a cabo la policía y el Ejército, es de 100 millones de libras anuales. Los contribuyentes también cargan con los gastos de los viajes de la familia real. El grupo Republic, que desearía ver abolida la monarquía, estima el coste total de la institución entre 158 y 217 millones de euros al año. Otros lo dejan en 140 millones.

Las propiedades de la corona británica están evaluadas en unos 7.000 millones de euros y la reina disfruta de una fortuna personal de 500 millones de euros, según la revista Forbes. Así y todo la Casa Real tiene problemas para pagar la iluminación y la calefacción de la media docena de palacios y residencias esparcidas por el país. Los asesores de Isabel II llegaron incluso a tantear la posibilidad de solicitar un fondo público, pensado para ayudar a las familias con pocos recursos, para poder pagar el recibo de la luz. Lo impopular de la iniciativa les hizo desistir.

DESACUERDO El Gobierno británico tiene potestad para controlar la administración del dinero público que recibe la Casa Real. En caso de desacuerdo, el Ejecutivo tiene derecho a administrar directamente ese presupuesto. Por otra parte, desde el año 1992 la reina accedió de manera voluntaria a pagar parte de los impuestos, pero los detalles de ese acuerdo especial permanecen secretos. Especial es también la situación fiscal del príncipe de Gales y heredero al trono, exento de pagar impuestos sobre los beneficios de sus múltiples propiedades. El resto de la realeza debe cumplir con Hacienda, como el resto de los ciudadanos británicos.

Las finanzas de algunos miembros de la familia real son motivo de controversia. De tanto en tanto salen a relucir los dispendios excesivos del príncipe Carlos. Los otros dos hijos de la reina, Andrés y Eduardo, han tenido problemas por utilizar sus conexiones reales para hacer contactos y negocios, no siempre transparentes. BEGOÑA ARCE