El PSOE defiende que los ayuntamientos puedan prestar todos aquellos servicios que no estén atribuidos expresamente al Estado y a las Comunidades Autónomas, una amplia capacidad para gestionar justificada por que ellos tienen un "especial radar para detectar necesidades" y deben tener capacidad "para regir estos nuevos servicios y sectores".
Para ello, la ley debe establecer como principio básico lo que se denomina "cláusula general de competencias". Así figura en el documento que el PSOE ha enviado a Administraciones Públicas, como aportación a la negociación para reformar la Ley de Bases de Régimen Local.
El punto de partida de los socialistas es el opuesto al del Gobierno. Administraciones Públicas quiere eliminar el artículo de la actual ley que permite a los ayuntamientos realizar actividades propias de otras administraciones, en particular, en educación, cultura, promoción de la mujer, vivienda, sanidad y protección del medio ambiente. Además, propone el control por parte de las administraciones superiores, que incluso podrían impedir que un ayuntamiento ejerza alguna competencia.
El PSOE, al contrario, aporta esa cláusula general, una lista de doce competencias propias de los ayuntamientos y otra lista de materias que deberá determinarse en cada comunidad autónoma. El Gobierno, por su parte, ha elaborado una única lista que sería igual para todos los municipios del país y de la que saca las competencias en educación y sanidad que tienen hasta ahora.
Los socialistas incluyen en esa primera lista la gestión municipal, la hacienda, el agua, la policía local, la protección civil y emergencias, el medio ambiente urbano, el tráfico, la integración de los inmigrantes, el control sanitario, consumo y cementerios. Y deja para las competencias que deberán regularse en cada CCAA asuntos como el urbanismo, la promoción de viviendas, el transporte de mercancías, la programación y gestión de asistencia social primaria, la gestión de museos, instalaciones deportivas y bibliotecas o la gestión de las instalaciones docentes fuera del horario escolar.
Además, como han censurado en reiteradas declaraciones, los socialistas rechazan que los municipios de menos de 20.000 habitantes deban traspasar sus competencias a las diputaciones si se cree que no las van a prestar con eficiencia. Recuerdan en su documento que son las grandes ciudades las que arrastran el déficit local y que el interés por limitar las competencias es el de abrir la puerta a la iniciativa privada.
Decisión por CCAA
En cuanto a otras instituciones supramunicipales, mientras el Gobierno defiende ese papel de las diputaciones, el PSOE cree que en cada autonomía se debe estudiar "fórmulas de mancomunización, de fortalecimiento de las comarcas o de las diputaciones como auxilio al pequeño municipio", para que se elija una, la que mejor se adapte a cada territorio.
En su documento, los socialistas subrayan la necesidad de respetar la libertad para afrontar este proceso "siempre que se haga esa elección desde parámetros de eficiencia y respeto a las normas de estabilidad presupuestaria".
El PSOE critica además que los ayuntamientos puedan perder competencias pero sigan existiendo las corporaciones, los alcaldes y concejales. "Reduce la democracia local a un absurdo. ¿De qué sirve votar a 7.720 alcaldes si ellos no van a ser responsables de cómo se prestan los servicios y cómo se ejercen las competencias?", se pregunta.
La propuesta socialista incluye también un reconocimiento expreso de los derechos de los ciudadanos, transparencia en la vida local, la regulación de salarios y compensaciones de alcaldes y concejales, más participación para los gobiernos locales y, en sintonía con la reforma competencial, una nueva ley de financiación municipal.
